Con el fin de contribuir al proceso de
sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del Acuerdo Final
de Paz con las Farc, el Gobierno Nacional ha venido trabajando desde 2016 en la
formulación de un proyecto de ley cuyo objeto es generar mecanismos sociales y
administrativos para enfrentar dicha problemática.
Cabe anotar
que en el subpunto 4.1.3.4 del Acuerdo se reconoce un tratamiento penal
diferencial para pequeños cultivadores, el cual busca contribuir a la
transformación económica y social de los
territorios afectados por cultivos ilícitos e intensificar la lucha contra los
actores u organizaciones dedicados al narcotráfico y al lavado de activos.
En este
contexto, este martes en la tarde el Ministerio de Justicia y del Derecho
radicó ante el Congreso una iniciativa que ofrece tratamiento penal diferencial
a los pequeños cultivadores, la cual se sustenta en la renuncia especial a la
acción penal y la sanción penal incorporada en el Acuerdo de Paz.
“Se busca
fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las
conductas previstas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000. Está previsto que
se beneficien unas 100.000 familias”, manifestó el Ministro de Justicia y del
Derecho, Enrique Gil Botero, quien explicó que la iniciativa, por ser un
desarrollo del Acuerdo Final de La Habana, se tramitaría vía fast track.
El alto
funcionario añadió que este proyecto hace una diferenciación cualitativa y
cuantitativa en la medida en que busca perseguir a las organizaciones
criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los
pequeños cultivadores. “No queremos que se sancione el eslabón más débil de la
gran empresa del narcotráfico”, puntualizó.
Para poder
acceder a dicho beneficio, el proyecto de ley propone a estos pequeños
cultivadores vincularse al Programa Nacional de Sustitución de cultivos de Uso
Ilícito (PNIS) y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o
mantener plantaciones ilícitas.
Dicha iniciativa
fue socializada y concertada con el Consejo Superior de Política Criminal, la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de
Defensa, la Policía Antinarcóticos y la Alta Consejería para el Posconflicto.