El Gobierno Nacional
radicó por fast track un proyecto que busca hacer una excepción a la ley de
garantías para poder seguir celebrando contratos relacionados con la
implementación del acuerdo de paz durante la época electoral.
La iniciativa permite
que entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional
de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de
Protección y las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, puedan celebrar contratos durante los
cuatro meses anteriores a las elecciones.
También autoriza a
gobernadores y alcaldes a celebrar convenios administrativos y contratar de
manera directa con estas entidades.
En algunos sectores no
hay caído muy bien el proyecto que lo consideran como una nueva oportunidad
para repartir mermelada en pleno proceso electoral.
El senador Carlos
Fernando Galán afirmó que “puede darse para casos de corrupción y de
utilización de recursos para las campañas y me parece que esto es peligroso y
yo por eso pido que se ponga como una especie de lupa en este proyecto de ley y
lo discutamos con calma”.
“Nos genera gran
preocupación que abran la puerta a contratar directamente obras durante la
campaña electoral cuando en principio la ley de garantías protege la democracia
para que no haya influencia indebida durante la campaña”, añadió.
Sin embargo, el ministro
del Interior ha advertido que la iniciativa es necesaria para continuar
cumpliendo con la implementación del acuerdo de paz y ha negado que se vaya a
prestar para hechos de corrupción.
