La sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión del Tribunal
Superior de Bogotá del pasado 18 de enero cuando aumentó de 18 a 24 años de
prisión la condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por el carrusel
de los contratos.
La sentencia está
relacionada con las irregularidades para adjudicar la prestación del servicio
de ambulancias en el 2009, que tuvo un costo de $67 mil millones.
Se determinó entonces
que Moreno fue ‘pieza clave’ en el entramado de corrupción que se creó en su
administración para desfalcar a la ciudad y se halló culpable de los delitos de
interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
Para la Corte se
comprobó que Moreno “amparado en el poder que tenía como alcalde mayor, instigó
al secretario de Salud y a otros personajes para que adjudicaran el contrato de
ambulancias, al tiempo que exigieran a los contratistas interesados un
porcentaje a cambio de direccionar la licitación en su favor”.
La sala no compartió
los argumentos de la defensa cuando crítico la carga laboral del juzgado que
llevó el proceso judicial.
“Dentro de ese plan de
descongestión se le aligeró la carga al Juzgado 14 Penal del Circuito con el
propósito que se dedicara de manera exclusiva al conocimiento de este proceso
penal, medida que, lejos de constituir una intimidación, se tradujo en un
mecanismo idóneo para que se administrara justicia de manera célere y
cumplida”.
Añade la Corte que “no
se regló una data para emitir fallo -cuestión que, además, no podía hacer, so
pena de infringir el principio de autonomía judicial e, incluso el de
igualdad-. El término allí contenido fue justamente para que se diera cuenta
sobre las actividades desplegadas, atendiendo que las medidas de descongestión
no son indefinidas y normalmente tienen un plazo vencido, el cual la autoridad
administrativa evalúa si se hace o no necesaria su prórroga y si ella es viable
presupuestalmente”.
En su momento el
Tribunal señaló que Moreno “actuó como determinador y por ello indujo, instigó,
mandó, aconsejó, coaccionó, ordenó, convino y gestionó a otros personajes que
también participaron en el entramado criminal, como Héctor Zambrano y Federico
Gaviria”.
Justamente uno de los
testigos en el proceso fue el empresario Federico Gaviria, quién explicó cómo
se pagaron las comisiones. En el expediente que reposa en la Corte se dice que
en noviembre de 2009 se entregó un cheque de mil millones de pesos que fue
distribuido entre el exsecretario de Salud de Bogotá, Hector Zambrano y el
concejal Hipólito Moreno.
También se demostró que
Moreno obtuvo provecho económico cuando recibió cerca de 2.790 millones de
pesos, producto de la adjudicación del contrato de ambulancias.