En operación conjunta,
la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una
estructura que, en cinco años, proporcionó recursos millonarios producto del
lavado de activos, tráfico de estupefacientes y contrabando, para la
organización criminal de alias Otoniel.
El exhaustivo rastreo a
los bienes y recursos que nutren el aparato criminal del ‘Clan del Golfo’,
permitió identificar y capturar a 20 presuntos integrantes de la principal red
financiera de esta agrupación narcotraficante que, en los últimos cinco años,
aportó la exorbitante suma de $212.000’000.000 (doscientos doce mil millones de
pesos).
Durante la ofensiva que
hace parte de la ‘Operación Agamenón II’, se hicieron de manera simultánea 32
allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas
en Bogotá, Medellín y Montería, y en los municipios antioqueños de El
Santuario, Apartadó, Montebello, Turbo y Mutatá.
En las diligencias fueron
capturadas 18 personas mediante orden judicial y dos más en flagrancia. Todos
los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto
para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Asimismo, se incautaron
más de 470 millones de pesos en efectivo, 4 armas de fuego, munición, 49
celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.
Gracias al trabajo
articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se pudo establecer que el
dinero incautado en múltiples operaciones realizadas en Medellín contra el
lavado de activos y el narcotráfico, tendría como destino final varias zonas
del Urabá antioqueño.
Con esa línea de
investigación y luego de dos años de indagaciones, quedó al descubierto una red
criminal que estaría encabezada por un hombre conocido en el mundo del delito
como ‘Matías’ o ‘Maxi’, sindicado de hacer parte del círculo cercano de
Aristides Manuel Mesa Páez, ‘El Indio’, uno de los principales cabecillas del
‘Clan del Golfo’.
Los informes de
inteligencia evidenciaron que ‘Matías’, al parecer, era el encargado de
mantener activas las finanzas del grupo armado organizado para la consecución
de armas, equipos de comunicaciones, pago de nóminas y la adquisición de
lujosos vehículos y propiedades en la región del Urabá.
El lavado de activos
era coordinado a través de 10 empresas, que tenían como fachada la venta de
bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo a los informes, se nutrían con recursos
que recibían de enlaces narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y
Panamá, y de actividades de contrabando.
El contacto con las
estructuras delictivas de Centroamérica estaría a cargo del hermano de
‘Matías’, conocido como ‘Ómar’, quien también fue capturado.
Las investigaciones
detectaron que todo el dinero de origen ilegal era ocultado en centros de
acopio, como algunos Sanandresito en Bogotá, y el complejo comercial El Hueco,
la Central Mayorista e inmuebles del exclusivo sector de El Poblado, en
Medellín. Este eslabón del engranaje criminal era coordinado por ‘Carra’, quien
también fue detenido y era conocido por su participación en negocios de
contrabando y cambio de divisas.
Otro de los jefes de la
estructura desarticulada es ‘Juangui’ quien, además de administrar los negocios
relacionados con el tráfico de drogas e ingreso ilegal de mercancía, tenía la
misión de adquirir vehículos de gama alta y fincas lujosas en el Urabá
antioqueño para los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’.
Hay elementos que lo
vinculan a la entrega de sumas millonarias de dinero a los familiares de los
máximos jefes del grupo armado organizado para costearles los gastos personales
y viajes dentro del país y hacia el exterior.
Las evidencias dan
cuenta que, todo el dinero recaudado en las distintas ciudades donde intentaban
legalizar el dinero del narcotráfico, era enviado al Urabá en caletas
acondicionadas en tractocamiones o a través de correos humanos, personas que se
movilizaban como pasajeros en buses de servicio público. Los investigadores
calcularon que en cada viaje eran transportados entre 1.000 y 2.000 millones de
pesos.