El Ministerio Público venezolano pidió el arresto del esposo de la
destituida exfiscal general Luisa Ortega, un diputado disidente del chavismo,
por supuestamente integrar una red que extorsionaba a sospechosos de
corrupción.
“Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia”, dijo el
fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el
legislador Germán Ferrer.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- es
el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer “esté privado de
libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad” como
diputado, añadió.
Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Constituyente,
que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirarle el
fuero parlamentario al marido de la exfiscal.
Ortega no es mencionada en la denuncia, pero “es muy difícil que no sepa nada”
sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó el constituyente y líder
oficialista Diosdado Cabello, quien presentó la querella.
Cabello acudió este miércoles al despacho del fiscal para entregar las
“pruebas” a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene
tomando medidas de inmediata aplicación.
En su primera decisión el pasado 5 de agosto, la Constituyente destituyó
a Ortega, una chavista que rompió con Maduro a inicios de abril tras denunciar
un quiebre del orden constitucional.
La fiscal escaló en los últimos meses sus denuncias contra el gobierno,
acusando a Maduro de tener “ambiciones dictatoriales”, y con procesos contra
varios funcionarios por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
Ferrer, por su parte, se separó del oficialismo y conformó una pequeña
bancada en el Parlamento, de mayoría opositora.
Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la Fiscalía integraban
una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en
casos de corrupción.
Les pedían hasta 600.000 dólares para que no fueran procesados, dijo
Cabello, quien aseguró que la denuncia “no tiene nada que ver” con la postura
política de la exfiscal y su esposo.
El dirigente pidió la orden de arresto contra el congresista, así como
prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas y bienes.
Cabello acusó a Ferrer de haber abierto en abril de 2016, junto con el
fiscal Pedro Lupera, una cuenta bancaria por un millón de dólares en Bahamas,
producto supuestamente del ilícito.
Saab mostró a la prensa documentos bancarios, según él originales y
firmados por el legislador, que demostrarían la titularidad de la cuenta. El
fiscal pidió la captura de Lupera, de otro fiscal y una mujer que se presume
estaba adscrita al despacho de Ortega.