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miércoles, 23 de agosto de 2017

TENGO MUCHAS PRUEBAS DE CORRUPCIÓN CONTRA MADURO: EXFISCAL LUISA ORTEGA


La exfiscal venezolana Luisa Ortega dijo este miércoles en Brasil que tenía "muchas pruebas" sobre supuestos vínculos del presidente de su país, Nicolás Maduro, con el caso Odebrecht. Reveló que volverá a Colombia.
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega denunció este miércoles en Brasil que recibió amenazas contra su vida y responsabilizó por su seguridad al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con quien está enfrentada.
"Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir", señaló Ortega, quien huyó el viernes hacia Colombia, a donde planea regresar tras participar de la cumbre de fiscales sudamericanos en Brasilia.
 La exfuncionaria del gobierno venezolano sostuvo que tiene "muchas pruebas" sobre supuestos vínculos del presidente  Nicolás Maduro y de altos funcionarios de su gobierno con el caso Odebrecht, que reveló una red de sobornos en América Latina.
Ortega dijo haber sido perseguida "en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, (y) los miembros de la Asamblea constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez".
Sobre Cabello, la exfiscal señaló que "en el caso de Odebrecht, hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa denominada española (...), cuyos propietarios son sus primos".
Asimismo sostuvo que en su país lo que ha ocurrido "es la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro. Lo que ocurre en Venezuela puede permear a toda la región".
Aseguró que en Venezuela lo que existe es una suerte de inquisición  " tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político. Porque en eso se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo, se va a perseguir a los adversarios políticos, para destruirlos".
La exfiscal también lanzó fuertes acusaciones contra Tarek William Saab, quien fue designado para reemplazarla en el cargo: "Nosotros hemos hecho un seguimiento a  todos estos casos de corrupción y fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República , una persona que tiene seis expedientes, investigaciones por corrupción. Y la primera medida que tomó fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseímiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a al estatal petrolera PDVSA (...) Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes pero las copias certificadas están en mi poder".
Los fiscales generales de Sudamérica expresaron este miércoles en Brasilia un fuerte apoyo a la fiscal destituida de Venezuela, Luisa Ortega, quien abandonó su país denunciando una persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
"Te reconocemos como la fiscal general de Venezuela (...) Nuestra solidaridad contigo, Luisa, de Paraguay y de todos los ministerios públicos de la región porque creemos que [tu situación] es una bofetada a la democracia y al estado de derecho", dijo el representante de Paraguay, Javier Díaz Verón.
El mismo tono adoptó la procuradora argentina, Alejandra Gils Carbó, quien denunció violencia verbal y física contra Ortega, que desembocó en su destitución y su "exilio".
Para el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, es claro que la interferencia del Gobierno venezolano convirtió al Ministerio Público de ese país en una institución "subyugada a un verdadero poder político dictatorial".

En la ceremonia de apertura de la reunión de fiscales  en Brasilia, Janot defendió la actuación independiente de las respectivas fiscalías en los países del Mercosur y criticó cualquier intervención del Ejecutivo en investigaciones y procesos judiciales. "Sin independencia, el Ministerio Público de nuestro vecino al norte no tiene condiciones para defender los derechos fundamentales de las víctimas y de los acusados, ni de conseguir con objetividad investigaciones criminales o actuar en juicio con imparcialidad".

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