En una decisión sin
precedentes la Fiscalía General declaró como delito de lesa humanidad la
financiación voluntaria de terceros de estructuras paramilitares y otros grupos
armados ilegales. En la resolución firmada por la Dirección Nacional
Especializada de Justicia Transicional se fija dentro de esta categoria la
conducta punible de concierto para delinquir agravado.
Esto tras revisar la
declaración del excomandante paramilitar, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias
'Pedro Bonito'. El postulado declaró que los bananeros de la región del Urabá
financieron el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá lo que permitió su expansión y consolidación en
esa zona del país.
"Los bananeros de
la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento del grupo paramilitar una
importante suma de dinero que terminó llegando a manos de los armados ilegales
a través de las denominadas Convivir, cuando estas eran legales, y
posteriormente de cooperativas de seguridad", precisó el fiscal Carlos
Villamil, director de la unidad de justicia transicional.
Las declaraciones de
'Pedro Bonito' sobre esta financiación fueron confirmadas por el excomandante
paramilitar Helbert Veloza, alias 'HH', quien dio detalles sobre el apoyo que
recibieron constantemente de estos empresarios que buscaban beneficiarse de las
acciones ilegales de estas estructuras armadas ilegales. Estas declaraciones se
hicieron en marco de los procesos de Justicia y Paz.
El ente investigador
tuvo como base la declaración que detalló cómo el 7 de noviembre de 2001,
"cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una
comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el
término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro
millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde
Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña".
En esta resolución se
quiere identificar quienes participaron en la financiación de esta estructura
paramilitar, la cual estuvo detrás de asesinatos selectivos, casos de
desaparición forzada, desplazamientos forzados de población civil,
reclutamiento ilícito de menores, tortuas, violencia basada en género. Los
investigadores han determinado que estas conductas fueron reiteradas,
sistemáticas y generalizadas.
"Se estableció que
efectivamente con esos dineros aportados por aquellos bananeros que financiaron
el grupo paramilitar, no sólo se garantizó el funcionamiento, permanencia y
crecimiento del grupo armado al margen de la ley en zona, sino que dichos
recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizados para
ejecutar toda suerte de delitos como los antes mencionados", precisó
Villamil.
