Villavicencio. Luego del fallo de primera
instancia de la Procuraduría contra el Presidente del Concejo, Carlos Alberto
Carreño, consistente en destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer
cargos públicos, un Juez con función de
control de garantías resolverá si impone o rechaza la medida de aseguramiento
que sustentará la Fiscalía.
La diligencia se
cumplirá mañana miércoles 14 de septiembre a las 10:15 de la mañana, por la
presunta comisión en los delitos de interés indebido en celebración de
contratos, falsedad ideológica en documento público y celebración de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos se
relacionan con la firma de un contrato por $19 millones de pesos con la
ciudadana, Diana Patricia Herrera Fernández, para adelantar la convocatoria
pública y selección de profesionales aspirantes a proveer el cargo de Contralor
municipal, proceso que no surtió ningún resultado debido a que según el
operador, ninguno de los concursantes superó el puntaje equivalente a 75.
En consecuencia, la
Fiscalía 19 Seccional Delegada ante la Unidad de delitos contra la
Administración Pública, pretende que se imponga la medida de aseguramiento con
el propósito de prevenir que el procesado concejal, Carreño Pedraza, afecte el
bien jurídico, oculte pruebas desde su posición como presidente, obstruya la
investigación, e intimide a testigos, entre otros aspectos.
Cuestiona el ente
judicial que dada la complejidad del proceso de selección de personal para
escoger Contralor, el contrato debió ejecutarse con una persona jurídica con
experiencia y que tuviera idoneidad, y cita a universidades o una empresa
particular que reuniera las condiciones exigidas en el decreto reglamentario
expedido por el mismo concejo y la ley 80 de contratación.