El pasado 5 de
septiembre la Fiscalía General citó a indagatoria al presidente de la EPS
SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino en el marco de la investigación que se
adelanta por presuntos desvíos de los recursos de la salud por parte de la EPS,
considerada en su momento como la más grande e importante del país.
La decisión fue aplaudida
por un sector de la sociedad que consideran justo y necesario que se tomen
decisiones de fondo por el desfalco a los recursos de la salud en el país. Esto
tras advertir que durante los cuatro años de la administración de Eduardo
Montealegre los avances fueron casi
nulos.
Para los demandantes
Montealegre no tomó cartas en el asunto puesto que fue asesor jurídico de la
EPS. Pese a que se declaró impedido, los accionantes señalan que influenció
notablemente para que no se tomaran decisión de fondo en el caso de Palacino ni
de otros altos directivos de SaludCoop.
La denuncia parecía
dormir el sueño de los justos en el ente investigador. Este jueves, se comprobó
que los temores no eran infundados. Varios delitos prescribieron debido a que
pasaron el término que establece la ley para que fueron investigados por la
Fiscalía.
Desde su llegada al
cargo de Fiscal General, Néstor Humberto Martínez anunció resultados frente a
las investigaciones que tienen relación con el desfalco a la salud. En los
últimos días les dio órdenes expresas a sus funcionarios para que le metieran
el pie al acelerador en estos casos.
“Tenemos que
adelantarla prontamente ante la eventualidad de que surgieron prescripciones.
De hecho, algunos asuntos relacionados con eventuales falsedades que logró
establecer la Fiscalía, lamentablemente prescribieron”, precisó Martínez en
rueda de prensa este jueves.
El jefe del ente
acusador explicó que la investigación que se adelanta en la ley 600, es decir
hechos registrados antes del año 2005, prescribieron puesto que ya se
cumplieron los 10 años. En las otras líneas de investigación se corre el mismo
riesgo hecho por el que pidió acelerar las pesquisas.
“Hemos organizado una
unidad en materia de salud, de seguridad social que está trabajando con mucho
empeño y que hoy ya tiene tal vez el doble o el triple de personal que existía
en la Fiscalía porque no habrá impunidad para ninguna conducta de desviación de
los recursos que deben ir destinados exclusivamente a la salud de los
colombianos”, explicó.
La investigación
El Fiscal General
manifestó que su administración pudo establecer que los hechos objeto de
investigación “constituyen un delito desde el punto de vista de la tipicidad
penal”. Igualmente se ha podido identificar a un autor directo de estos
comportamientos.
“Si la justicia no
actúa disuadiendo la conducta criminal de quienes utilizan los recursos
parafiscales de la salud en provecho propio, la mayor conquista social de este
siglo, que tiene que ver con la igualdad de los colombianos frente a la salud
quedaría comprometida”, precisó ante las preguntas de los periodistas.
En este sentido aclaró
que en la investigación se ha duplicado el número de funcionarios para
adelantar el caso, además se ha buscado cooperación del ministro de Salud y de
la Superintendencia de Salud que han entregado evidencias adicionales “de
nuevos delitos en el sector salud”
”No nos va a temblar la
mano en establecer responsabilidades en este sector. Estamos estudiando el caso
de Cafesalud a fondo, los recobros del Fosyga, las quiebras de las IPS locales
y departamentales, las actuaciones de las EPS y las IPS y por su puesto el caso
de SaludCoop a fondo”, precisó.