De : AFP
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora,
aprobó una ley de amnistía para presos por motivos políticos que el presidente
Nicolás Maduro prometió bloquear para evitar su aplicación, en un nuevo
capítulo de la lucha de poderes que sacude al país.
El presidente de la
Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobado el proyecto tras su
segunda discusión, entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de la bancada
opositora, y el rechazo airado de la minoría oficialista.
“Esta ley pretende
sentar las bases para la reconciliación nacional”, afirmó la diputada Delsa
Solórzano, promotora de la iniciativa, durante un debate que se extendió por
cerca de ocho horas y en el que fueron votados uno a uno 29 artículos.
La normativa pretende
sacar de la cárcel a unas 76 presos y a centenares de “perseguidos y exiliados”
por su oposición al chavismo, que gobiernaVenezuela desde hace 17 años, dijo
Solórzano.
Entre los detenidos
figura el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a
casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de
2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertos.
Sin embargo, el
mandatario socialista anticipó que vetará la ley, aduciendo que se trata de un
“autoperdón de asesinos” que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor,
Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones
de derechos humanos.
“Tenga la seguridad que
esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales,
no pasarán. Hagan lo que hagan”, alertó Maduro este martes en cadena nacional
de radio y televisión.
A partir de ahora
Maduro puede vetar la normativa, devolverla al Parlamento para modificaciones o
enviarla al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de los próximos diez
días, para que evalúe su constitucionalidad.
En lugar de una
amnistía, Maduro ha propuesto convocar una “comisión de la verdad” para
investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.
Vicios de nulidad
La minoritaria bancada
chavista criticó que la segunda discusión de la amnistía no figurara en la
agenda del día y fuera incorporada a última hora sin distribuir el texto
definitivo entre los asambleístas, argumentos que fueron desestimados por la
oposición.
“Esa ley no será
publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional”, advirtió el
diputado oficialista Pedro Carreño. “La convocatoria no cumple con los extremos
legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto”, añadió.
Por su parte, el jefe
de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya
sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una
“consulta pública en todaVenezuela” con “ONG, universidades, expertos y las
víctimas”.
“Están dejando sin
acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de personas que han sido
víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de
desestabilización democrática”, señaló exaltado el legislador chavista Elias Jaua.
“Hoy podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia
los condenará”, añadió Jaua.
Bloqueo institucional
Juristas como José
Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse
efectiva, pues Maduro puede enviarla al TSJ, al que la oposición acusa de ser
el “bufete jurídico” del chavismo.
La amnistía es el
proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad es
cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda
constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con
movilizaciones populares.
La oposición reconoce
que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables
si no cambian instituciones clave como el TSJ. Una reforma a ese tribunal era
discutida en primer debate la noche del martes.
La enmienda podría
quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al
que la oposición también acusa de servir al chavismo.
El conflicto de poderes
se agravó después de que el TSJ convalidara un decreto de emergencia económica
emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea Nacional.
En otro fallo polémico
del 1 de marzo, la corte reguló las facultades de control del Legislativo, con
lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y
Ciudadano, no pudiendo por ejemplo remover magistrados del TSJ.