De Semana
Cientos de municipios
petroleros afrontan una crisis económica por los precios del crudo. Se han
perdido unos 60.000 empleos, hay cierre de empresas y presiones de la
comunidad. ¿Se cocina una bomba social?
Regalías y precio del
petróleo: crisis económica en municipios
Durante el auge, para el festival de Verano de Manacacías (Puerto
Gaitán-Meta) se gastaba a manos llenas. Hoy no hay recursos, ni patrocinadores.
Puerto Gaitán, uno de los
municipios más pobres de Meta, vio desfilar durante varios años a cantantes de
la talla de Marc Anthony, Juan Luis Guerra y Daddy Yankee en conciertos
multitudinarios donde el dinero corría a raudales durante el Festival de Verano
de Manacacías. Pero el pasado enero, después de 18 años, la Alcaldía suspendió
el evento por falta de recursos y patrocinadores. Así, la población llanera,
que gastó a manos llenas recursos de las regalías, vio, al igual que cientos de
municipios petroleros, cómo la bonanza llegó a su fin.
En los tiempos del boom
minero-energético, la vida en estas poblaciones hacía recordar las
extravagantes situaciones de la clásica serie de televisión Los Beverly ricos,
una familia de campesinos a la que le cambió la vida cuando en su granja brotó
un pozo de petróleo. De la noche a la mañana, los protagonistas se hicieron
ricos, por lo que se instalaron en Beverly Hills, un lujoso barrio de Los
Ángeles, para darse la gran vida.
Guardadas las
proporciones, esto es lo que vivieron muchos pueblos colombianos con la bonanza
petrolera. Con precios del barril de crudo que superaban los 100 dólares, ni
las compañías ni los mandatarios locales reparaban en gastos. Además, se
configuró una situación ficticia de que Colombia era un país petrolero porque
alcanzó la meta de 1 millón de barriles por día, lo cual, incluso, le permitió
ingresar al club de las principales 20 naciones petroleras del planeta.
El derroche en muchas
de estas poblaciones quedó plasmado en obras millonarias que se construyeron
con las regalías y que terminaron abandonadas. En la Jagua de Ibirico, Cesar,
la maleza devoró más de 400 unidades sanitarias. Muchas vías quedaron a medio
camino, así como centros deportivos y parques.
En Puerto Gaitán, cuyo
servicio de acueducto y alcantarillado no cubre ni a 50 por ciento de la
población, construyeron un gran arco en el que se invirtió cerca de 1 millón de
dólares. La Puerta al Paraíso, como se llama este monumento, encierra la
paradoja de los municipios petroleros y mineros que hoy no viven precisamente
en el paraíso, sino en una situación más parecida al purgatorio. Del derroche
queda muy poco. A pesar de que en la última década las regiones recibieron por
concepto de regalías más de 60 billones de pesos, la bonanza no se sembró.
“Los Beverly pobres no
son solo los campesinos de las regiones petroleras, sino toda Colombia”, dice
un directivo de una compañía de esta industria, que recuerda lo que pasó en
Bogotá donde los precios de la vivienda, de los restaurantes y los hoteles se
dispararon.
El fisco nacional sí
que ha sentido con fuerza la crisis del petróleo. En 2016 dejará de recibir 20
billones de pesos. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en los
últimos años la industria giró más de 200 billones de pesos en regalías, impuestos
y dividendos y las exportaciones petroleras representaban 50 por ciento de
todas las ventas externas del país.
Las vacas flacas
En 18 meses, el precio
del petróleo cayó 74 por ciento. De 115 dólares a mediados de 2014 el barril
pasó a 30 dólares a comienzos de este año. Esto impactó a las petroleras, que
vieron reducir dramáticamente sus ingresos, y a todas las empresas asociadas al
sector.
Los municipios
productores de inmediato sintieron las consecuencias del golpe que sufrieron
las compañías, pues estas comenzaron a despedir trabajadores y a cancelar o
renegociar contratos con proveedores. Varias empresas se han retirado de las
zonas, otras han desaparecido y varias más han tenido que reducir sus costos.
Según la Cámara
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), la pérdida de empleos
en las zonas productoras asciende a 60.000. Rubén Darío Lizarralde, presidente
del gremio, dice que las actividades de exploración están prácticamente
suspendidas y que en 2015 disminuyeron 80 por ciento.
Esta difícil situación
en los municipios se suma al recorte ocasionado por la reforma a las regalías,
que en su primer mandato impulsó el presidente, Juan Manuel Santos. Según la
Contraloría, los ingresos por este concepto para las regiones productoras
caerán en 5,4 billones de pesos entre 2015 y 2016. Es decir, recibirán 30,8 por
ciento menos. Los departamentos más afectados son Meta, Córdoba, Antioquia,
Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá.
En esta coyuntura,
Puerto Gaitán parece llevar la peor parte. Durante el boom se construyeron y
habilitaron cerca de 120 establecimientos hoteleros, muchos de los cuales
cerraron porque la ocupación no supera 20 por ciento. Hoy, por una habitación
cobran menos de 60.000 pesos diarios, lo cual contrasta con los más de 400.000
pesos que se pagaban en tiempos de bonanza.
Willian Medina, alcalde
de Castilla la Nueva (Meta), afirma que esa época no trajo sino problemas al
municipio porque la población se duplicó, al pasar de 6.000 habitantes a más de
13.000. Ese aumento exagerado disminuyó su capacidad para brindar servicios de
salud, educación y acueducto.
En este municipio, los
proveedores locales de máquinas, volquetas, camiones y servicios de
restaurantes están en crisis. De 15 taladros para perforar, que funcionaban en
2015, hoy no opera ninguno. Una situación similar se presenta en Guamal,
Casillas y Acacías. Actualmente hay contratistas de Ecopetrol como Holsan que
les adeuda más de 2.000 millones de pesos a proveedores locales. Esta compañía,
así como otras 40, se acogió a la de Ley de Insolvencia de la Superintendencia
de Sociedades.
María Helena Aguirre,
representante de Transporte BCS, una contratista de Ecopetrol que presta
servicios de alquiler de retroexcavadoras y volquetas, dice que Holsan les
adeuda cerca de 800 millones de pesos y que no paga con el argumento de que
Ecopetrol también se ha demorado en girarles. María Nelly Ruiz, de Solcarga,
dice que la empresa de transporte de carga y fluidos también es otra de las
damnificadas por la crisis de Holsan.
El departamento del
Meta, que produce 50 por ciento del petróleo del país, también ha sentido la
crisis. Su gobernadora, Marcela Amaya, cuenta que las finanzas se han afectado
y que se han perdido puestos de trabajo por la caída en la exploración.
Mientras en 2015 se exploraron 30 pozos, el año pasado se perforaron cinco.
Además, 50 por ciento de los taladros está paralizado.
Uno de los sectores más
golpeados es el del transporte porque el tráfico de tractomulas en la vía
Puerto Gaitán-Puerto López-Villavicencio bajó sustancialmente. Hoy cientos de
tractomulas y camiones están parados. Según Colfecar, hay una sobreoferta de
más de 7.000 de estos vehículos.
Iván Cortés, gerente de
Asuntos Minero-Energéticos del Meta, reconoce que el mayor impacto lo sufren
los proveedores de servicios. La alimentación y prestación del servicio de
casinos en los campos petroleros disminuyó 70 por ciento, porque compañías como
Ecopetrol y Pacific Strategy han disminuido las operaciones.
A ello se suma que
otros campos están paralizados por decisiones de la Corte Constitucional, lo
que le echa más sal a la herida. Hocol tuvo que suspender la operación en
Ocelote-Guarrojo, Puerto Gaitán, a comienzos de marzo por falta de concertación
con las comunidades. Hace unas semanas se frenó la producción en varios pozos
del campo de Quifa, de Pacific, por las mismas razones.
La corte también
suspendió un proyecto en Orito, Putumayo, por consulta previa con las
comunidades. Para Manuel Eduardo Ocoró, alcalde de este municipio, la situación
es muy preocupante por la reducción en 70 por ciento de la mano de obra. Dice
que lo más grave es el aumento de los robos, la criminalidad y el incremento de
la pobreza. Como si fuera poco, por la reforma a las regalías, el municipio
dejó de recibir cuantiosos recursos. Hace 20 años le llegaban 18.000 millones
de pesos y hoy no le entran más de 5.000 millones al año. El municipio no
cuenta con acueducto, vivienda de interés social, ni buenos centros educativos.
“No hay un solo alcalde de este municipio que no esté implicado en algún
proceso jurídico relacionado con el uso de las regalías. Se robaron el dinero,
nunca fue bien invertido, y los responsables no pagaron por eso”, sostiene.
La mala inversión de
los recursos de regalías es una constante en muchos municipios. En Coveñas,
Sucre, tres alcaldes terminaron en la cárcel por corrupción y paramilitarismo.
A Tolú le asesinaron dos alcaldes, y otros se han visto implicados en hechos de
corrupción. En esta población muchas obras están inconclusas o se construyeron
mal como el acueducto. Los cuatro tanques que hay para almacenar el agua y
distribuirla por gravedad se conocen como regadera, porque cada vez que los
llenan el líquido escurre por sus paredes. Las lagunas de oxidación que se
construyeron para el alcantarillado están cubiertas por la maleza, y su planta
de tratamiento no funciona.
Situaciones similares
se repiten en otras regiones. Favio Alexandro Vega, alcalde de Paz de Ariporo,
se lamenta de que la población haya olvidado su vocación ganadera y agrícola
para dedicarse a una actividad pasajera como el petróleo, que ha dejado
desempleo y cierre de restaurantes y hoteles. Paz de Ariporo había vivido toda
su vida de la ganadería, pero llegó la bonanza del crudo y la gente compró
camionetas para ponerlas a trabajar en petroleras. “Las compañías cerraron y
están las camionetas parqueadas en las fincas, esperando a que les salga un
empleo mientras las sabanas están vacías, sin ganado”, dice. Además, debe
atender una población que pasó de 25.000 personas a cerca de 40.000 en cinco
años, mientras que los recursos de las regalías bajaron de 15.000 millones de
pesos a menos de 6.000 millones.
Casanare, el segundo
productor de petróleo del país, también desaprovechó el boom a pesar de que
tuvo por muchos años los dos mayores campos petroleros: Cusiana y Cupiagua. Dos
gobernadores terminaron en la cárcel por actos de corrupción, mientras que
Yopal, su capital, no tiene acueducto ni un buen aeropuerto. En esta ciudad la
ocupación hotelera cayó a mínimos, mientras que la construcción se desplomó 65
por ciento el año pasado.