• “Lo que el Gobierno está
haciendo es legitimar el secuestro, no dándole la importancia y la
trascendencia que hay respecto a esa grave violación a la libertad de los
ciudadanos”, manifestó el jefe del Ministerio Público sobre la calificación de
“acto de buena voluntad” el hecho de que el ELN secuestre, reciba dinero de los
familiares de sus víctimas y ello signifique para algunos sectores políticos y
sociales un “gesto de paz”.
• “Causa mucha
extrañeza que hace 48 horas se hiciera con bombos y platillos el anuncio de las
imputaciones al ELN, no me extraña que las hubiesen hecho para acto seguido
suspenderlas porque esto (liberación de Ramón Cabrales) lo consideran un gesto
de paz”, manifestó ante recientes decisiones de los entes de investigación.
• “Mientras se
suspenden las imputaciones a las FARC, se intensifican las imputaciones en
contra de los miembros de la Fuerza Pública. Es la política de los dos pesos y
las dos medidas: impunidad para las FARC y el ELN y todo el peso de la Ley para
la Fuerza Pública. Con toda claridad, esto le hace perder legitimidad a las
conversaciones con unos y con otros”, agregó.
“El Gobierno había
colocado la condición de no iniciar negociaciones con el ELN hasta que no
estuvieran libres todos los secuestrados. En efecto, dejaron libre al doctor
Cabrales, mediando pago por su liberación. Entonces, ¿cómo aceptar el
cumplimiento de esa condición?”, cuestionó en la mañana de hoy el procurador
general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Ante el secuestro,
extorsión a los familiares y pago de una suma económica para que fuese dejado
en libertad el alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander Ramón
Cabrales, el jefe del órgano de control lamentó que sectores gubernamentales,
políticos y sociales califiquen dichas conductas como “gestos de paz” y les den
la trascendencia necesaria para iniciar procesos de diálogo con grupos
terroristas que continúan delinquiendo en el país.
“Lo que el Gobierno
está haciendo es legitimar el secuestro, no dándole la importancia y la
trascendencia que hay respecto a esa grave violación a la libertad de los
ciudadanos. El ELN ha seguido secuestrando, extorsionando y matando policías,
soldados y ciudadanos. Ahora el Gobierno está exigiéndole condiciones a las
FARC de entrega de armas y de términos a la conversación, pero el ELN sigue
delinquiendo y postrando a amplios sectores de la sociedad colombiana”,
explicó.
Según el jefe del
Ministerio Público, esto se suma a cambiantes y contradictorias decisiones de
los órganos de investigación que le restan credibilidad a los procesos de
negociación.
“Hay otro sabor amargo.
Recordemos que la Fiscalía General de la Nación hace mes y medio ordenó
suspender las imputaciones a los integrantes de las FARC y acto seguido acelera
las imputaciones a los integrantes del Ejército Nacional. No me extrañaría que
con las mismas razones que ordenan la suspensión de las imputaciones a las FARC
ordenen la suspensión de las del ELN. Causa mucha extrañeza que hace 48 horas
se hiciera con bombos y platillos el anuncio de las imputaciones al ELN, no me
extraña que las hubiesen hecho para acto seguido suspenderlas porque esto lo
consideran un gesto de paz, el haber liberado al doctor Cabrales mediando el
pago correspondiente. Eso es la legitimación del secuestro en Colombia”,
puntualizó.
“Mientras se suspenden
las imputaciones a las FARC, se intensifican las imputaciones en contra de los
miembros de la Fuerza Pública. Es la política de los dos pesos y las dos
medidas: impunidad para las FARC y el ELN y todo el peso de la Ley para la
Fuerza Pública. Con toda claridad, esto le hace perder legitimidad a las
conversaciones con unos y con otros”, agregó.
Preguntado por
periodistas sobre la posible actuación de Venezuela como garante del proceso de
negociación entre Gobierno y ELN, el procurador de los colombianos reiteró que
el Gobierno de la vecina nación “cada vez tiene menos credibilidad en este tipo
de gestiones”.