Villavicencio. El Juez
cuarto de Familia, Oscar Fabián Combariza Camargo, ordenó el arresto del
Gobernador, Alan Edmundo Jara Urzola, por cinco días en las instalaciones del
CTI, por desacato a un fallo de Tutela.
La misma decisión contra, Eleázar Alfonso Durán Mora,
representante legal del Fondo de Vivienda del Meta, para la época de los hechos
y Óscar Hernando Mendoza Parra, gerente de la Corporación casa.
La demandante es Dairis
María Pinto Lima, en su condición de beneficiaria del programa habitacional
Pinares de oriente, cuyas obras empezaron en 2009 y cinco años después no han
terminado la construcción de 617 viviendas de interés social.
El primero de
septiembre de 2014 la sala penal del Tribunal Superior revocó un fallo de
primera instancia y en su defecto ordenó a los accionados que en un tiempo de
seis meses hicieran desembolso de subsidios de arrendamientos o proveer
albergue temporal a la ciudadana beneficiaria hasta adoptar solución definitiva
con la entrega de la casa.
Es de anotar que la
orden de arresto no ha quedado en firme debido a que está en trámite de
notificación a los sancionados y luego se irá el fallo en consulta ante la Sala
Civil-familia, para revisión, modificación, confirmación o revocatoria.
Bladimir Sierra, asesor
jurídico de la Gobernación señaló que
hasta el momento no existe notificación
y esperan se haga para proceder a la apelación,
señalando lo motivos que obligaron el desacato.
A comienzos de 2011, y
último año de periodo de mandado constitucional del ex Gobernador, Darío
Vásquez Sánchez, este fue arrestado por tres días en el comando de la Policía
Metropolitana y al pago de multa pecuniaria de dos salarios mínimos legales
vigentes mensuales, también por desacato a una Tutela que amparó los Derechos
de una persona en condición de desplazado por la violencia interna que vive el
país.