La Máxima Corporación de la Administración de Justicia trata
de establecer si los congresistas incurrieron en conflicto de intereses, puesto
que para la fecha de los hechos, al parecer, estaban siendo investigados o
tendrían algún familiar trabajando en el Ministerio Público.
La determinación judicial afecta a los senadores Héctor Julio
Alfonso López, Manuel Guillermo Mora, Juan Manuel Corzo, Carlos Emiro Barriga,
Musa Basaile Fayad, Bernabé Celis Carrillo, Cesar Tulio Delgado, Jaime Enrique
Durán, Aurelio Iragorri Hormaza, Carlos Roberto Forero, Manuel Enríquez Rosero,
Honorio Galvis Aguilar, Armando Benedetti y Daira de Jesús Galvis.
Igualmente, son investigados Alexánder Lópes, Jorge Eduarlo
Londoño, Martín Emilio Morales, Myriam Paredes, Juan Carlos Restrepo, Jorge
Enrique Robledo, Milton Rodriguez, Camilo Sánchez ortega, Efraín Torrado, Luís
Fernando Velasco, Juan Carlos Vélez, Rodrigo Villalba, Claudia Wilches y
Gabriel Ignacio Zapata.
La Corte solicitó a la Procuraduría, información, si alguno
de los congresistas antes mencionados tenían para la época de los hechos,
investigación disciplinaria ya sea en fase preliminar o formal.
