Con ocasión de la fuga del detenido Alexánder Urrego,
acaecida en el sur de la ciudad de Bogotá el pasado 17 de septiembre, la
Procuraduría General de la Nación solicitó Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario información sobre los procedimientos se han establecido para el
traslado de las personas privadas de la libertad a citas médicas extramurales.
En carta enviada al director General del INPEC, Gustavo
Adolfo Ricaurte Tapia, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría
Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, requirió
información con el propósito de conocer si el INPEC cuenta con la
infraestructura y personal médico que permita que la atención médica, la
odontológica y la toma de exámenes de diagnóstico se realice en cada uno de los
establecimientos.
En la misiva, el Ministerio Público recomendó a ese instituto
que las medidas que adopte para garantizar la seguridad de los detenidos, sean
acordes con los derechos a la salud de las personas privadas de la libertad.
En el marco de su acción preventiva, el Órgano de Control
pidió al general Ricaurte informar sobre las gestiones adelantadas en esta
materia por el organismo que él preside.