También escuchará al
exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez.
La sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que miembros
de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos
paramilitares son responsables del exterminio de la Unión Patriótica.
Entre ellos, señala la
justicia alternativa, están generales del Ejército colombiano como Rito Alejo
del Río, Jaime Uscátegui y , probablemente, el general Miguel Maza Márquez,
quienes actuaron a través de diferentes
alianzas criminales público-privadas.
La JEP abrió este lunes
el caso No. 006, denominado "Victimización de miembros de la Unión
Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado", a partir del Informe No.
3 presentado por la Fiscalía General de la Nación.
En un comunicado, ese
organismo señala que tomó esta decisión a partir de otros dos informes:
"¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional", de
la Corporación Reiniciar, y "Todo pasó frente a nuestros ojos. El
genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002", del Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH).
La JEP cita un informe
de la Fiscalía, según el cual 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de
la UP fueron victimizados desde 1984, mientras que para la Corporación
Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica aseguran que son más de
6.000 víctimas.
“El informe de la
Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620
víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613
víctimas, entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones
(esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho
victimizante)”, precisa el informe de la JEP.
Por su parte, el CNMH
estima este universo en 6.201 para el mismo período: documentó 4.153 víctimas
de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre
mayo de 1984 y diciembre de 2002.
Señala, además, que
entre ellas "3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron
de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, cuatro
secuestradas y tres más en otras modalidades de violencia".
Los tres informes
analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra
integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre
1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa
Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del
país.
Según la Fiscalía
"el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos". Y, como lo
señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los
miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40
"concentran el 63,4 por ciento de las víctimas. Es decir, dos de cada
tres".
La Sala advierte que
los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública,
agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a
través de diferentes alianzas criminales público-privadas.
La Sala estableció que
16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP, expresamente por
hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP.
Entre estos se
encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un
subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo
segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.