La Fiscalía capturó a
13 personas que habrían diseñado un esquema ilegal para conseguir medicinas de
contrabando, vencidas, en mal estado de conservación o adulteradas que,
posteriormente, eran vendidas como productos originales a EPS y hospitales.
Las diligencias se cumplieron en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y
Palermo (Huila), y en ellas fue incautada más de media tonelada de productos
farmacológicos para tratar enfermedades como la hemofilia, el cáncer, VIH/
SIDA, entre otras.
Crear empresas de
comercialización de medicamentos, ofrecer sus servicios a EPS, hospitales y
clínicas, y quedarse con los contratos de suministro para pacientes con
enfermedades catastróficas y de alto costo, era parte del esquema criminal
detectado por la Fiscalía General de la Nación y que habría diseñado una
organización dedicada a la adquisición ilícita y clandestina de complejos
tratamientos farmacológicos.
El material probatorio
daría cuenta que la cadena criminal inició en Ibagué (Tolima) con la
constitución de la Fundación Vida y Salud (Fundasalud IPS) y Fundasalud Gold,
dos Institutos Prestadores de Salud que, en el papel, cumplían los requisitos
de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender
personas con enfermedades como la hemofilia, cáncer, problemas renales y
VIH/SIDA.
En año y medio de
investigaciones se constató que, al parecer, la red criminal no conseguía la
mercancía con los laboratorios científicos certificados, por el contrario,
recurrió a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas
de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con
múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital
Federico Lleras Acosta.
Con un andamiaje
ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical
S.A.S., farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un
monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS de
Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío (Antioquia), Manizales,
Florencia, Tunja y Cúcuta.
De esta forma, la red
delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a
pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en
atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir
periódicamente. En el curso de proceso está documentado que algunos usuarios
del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aun así aparecen sus
firmas como si se los hubieran entregado.
Gracias al trabajo de
un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos, y a la evidencia física y técnica
recopilada, todos los integrantes del monopolio criminal fueron identificados,
se conoció que obtenían ganancias de hasta mil millones de pesos por convenio,
y quedaron al descubierto las vías ilícitas que usaban para conseguir los
medicamentos, algunas de ellas son:
Ingreso de medicinas de
contrabando de Ecuador y Venezuela. Estos productos entraban al país sin
respetar la cadena de frío o las medidas de conservación, y eran trasladados
hasta distintos puntos del país donde les alteraban las fechas de caducidad y
los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad.
Compra de medicamento
descontinuados o vencidos. Hay evidencia de que la organización ubicaba hogares
geriátricos y otros institutos de salud, y les compraban los medicamentos que
daban por descontinuado, por caducidad o mal estado.
Adquisición de
mercancía a pacientes. Está certificado que algunos integrantes de la
estructura contactaban pacientes con enfermedades catastróficas y les
compraban, a bajo costo los medicamentos que les entregaban las EPS; así
sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido.
Capturas
La Fiscalía General de
la Nación, a través de su policía judicial CTI, hizo efectivas 13 órdenes de
captura contra los presuntos integrantes de la organización ilegal y realizó 15
diligencias de registro y allanamientos en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo
(Huila). En las diligencias fue incautada algo más de media tonelada de
medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución,
habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen.
Los detenidos fueron
presentados ante jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta y se
les imputaron cargos por algunos de los siguientes delitos:
Concierto para delinquir.
Corrupción de alimentos, productos médicos o material
profiláctico.
Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de
obtentores de variedades vegetales.
Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos
conexos.
Enajenación ilegal de medicamentos.
Favorecimiento y facilitación del contrabando.
Doce (12) de los
procesados aceptaron cargos y por disposición de los jueces recibieron medida
privativa de libertad en sus lugares de domicilio.
Entre los capturados están:
Marco Antonio Ramírez
Varón, señalado cabecilla de la estructura, representante legal y propietario
de Fundasalud.
Mónica Liliana Ovalle
Páez, regente de farmacia de Fundasalud y persona de confianza de Marco
Ramírez. Actualmente trabaja en una sede de la unión temporal Tolihuila, en la
que Fundasalud es el operador logístico encargado de la entrega de los
medicamentos a pacientes del magisterio.
Yesid Wilches Machado,
propietario y representante legal de la comercializadora Distrimedical A.S,
señalado de adquirir fraudulentamente medicamentos de alto costo. Sería quien
adquiría los tratamientos esenciales para la hemofilia.
John Arbey Albarracín
Vélez, representante legal de Medline Pharma en Cúcuta. Esta razón social tiene
como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no
disponibles.
Juan Gabriel Basto
Granada, alias Mike, presunto coordinador de la cadena de comercialización de
medicamentos.
Los demás vinculados a
las investigaciones cumplían distintos roles de compra, venta y adecuación de
los medicamentos.
Peligro para la salud
Con la desarticulación
de esta estructura criminal y la incautación de algo más de media tonelada de
medicamentos quedó en evidencia la gran cantidad de productos que eran
conseguidos ilegalmente y de los que no habría certeza sobre sus componentes y
efectos reales en la salud.
Llama la atención que
entre la mercancía incautada hay tratamientos para la mayoría de tipos de
cáncer, la hemofilia, el VIH/SIDA, la anemia, la epilepsia, la diabetes, el
asma y la depresión, entre otras enfermedades consideradas de alta complejidad.
La Fiscalía General de
la Nación solicitó a los jueces de control de garantías el cierre y la
suspensión de existencia legal de todas las empresas que estarían asociadas a
este monopolio ilegal de medicamentos y en las que fueron encontrados productos
alterados. Asimismo, fueron compulsadas copias para que inicien las actividades
tendientes a la imposición de medidas cautelares con fines de extinción del
derecho de dominio de los bienes utilizados en esta actividad.