Se han encontrado desfases significativos en los costos por
aula construida en las zonas urbanas.
Una investigación realizada
por la Contraloría General de la Nación encontró desfases significativos en los
costos promedio por aula construida en las zonas urbanas, en proyectos
ejecutados en marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
De acuerdo con el ente
de control, a diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos de
infraestructura educativa en área urbana, de un total de 543 aprobados. Y de
esos 73 concluidos solo se habían entregado 12.
En febrero de 2019, el
Ministerio de Educación ya había anunciado retrasos en obras de educación,
especialmente por dos firmas contratistas. Por un lado está el Consorcio Mota
Engil, que ejecuta 252 contratos; y por otra parte se encuentra el empresario
Germán Mora Insuasti, quien cuenta con 87. Esto, según el MinEducación,
representa el 63 por ciento de los 531 proyectos adjudicados, lo cual
"dificulta la realización de los mismos".
Según la Contraloría,
la investigación surge de un cúmulo denuncias que ha recibido de parte de
alcaldes, secretarios de educación, concejos municipales, veedores asociaciones
de padres de familia, rectores y congresistas, "afectadas por retrasos e incumplimientos
en obras de infraestructura educativa, contempladas en los planes del gobierno
anterior para implementar la Jornada Única Escolar".
La Contraloría señala
que son varios los casos donde el costo promedio por aula nueva desborda el que
fue estimado en el Documento Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, por el cual se
declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura
Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar.
Según el diagnóstico
consignado en dicho Conpes, este Plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la
meta de resolver el 60 por ciento del déficit de aulas estimado en 51.000 aulas
nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30.000 mil
nuevas aulas y mejoradas.
"Los funcionarios
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la
Contraloría que adelantan esta indagación preliminar han establecido hasta el
momento, con base en información suministrada por el Ministerio de Educación
Nacional, que dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 solo se
habían terminado 73 proyectos en área urbana de un total de 543 aprobados por
la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa".
Sin embargo, la
investigación indica que de esos 543 proyectos contratados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFI) solo se comenzaron 310, de
los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se
han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas, de las cuales solo 131
son nuevas, cinco especializadas y el resto mejoradas, "lo que hace más
evidente que la meta del Conpes a 31 de diciembre de 2018 no se habría
cumplido".
De hecho, de los 73
proyectados terminados en área urbana corresponden a la construcción y
mejoramiento de igual número de instituciones educativas, con un total de 1.310
aulas de las 30.680 proyectadas (que incluyen tanto nuevas como mejoradas y
especializadas). "Esta cifra es muy inferior a la meta trazada y al
compararse indica un avance del 4,3 por ciento", señala la Contraloría.
El equipo investigador
de la Contraloría ha identificado que entre los 73 proyectos terminados se
evidencian algunos donde hay notables desfases en los costos promedio.
Por ejemplo, en la
Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron tres
aulas a un costo promedio de 1.039 millones de pesos por aula, se desborda el
costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de 146,6
millones de pesos (por aula nueva, tanto urbana como rural).