La
Procuraduría llamó a juicio disciplinario a varios funcionarios de la
Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y la Superintendencia de la
Economía Solidaria (Supersolidaria) por presuntas irregularidades relacionadas
con el mercado de libranzas.
El
Ministerio Público quiere establecer si los funcionarios habrían faltado a sus
obligaciones de vigilancia y control respecto las operaciones de compra y venta
de cartera de libranzas de cooperativas y accionistas de las sociedades
comerciales Estraval y Elite International de las Américas S.A.S.
Los
llamados a responder el llamado disciplinario son la superintendente delegada
para Procedimientos de Insolvencia Ángela María Echeverri Ramírez, y la
superintendente delegada para la Inspección Vigilancia y control María Isabel
Cañón Ospina, quienes se desempeñaron entre mayo de 2012 y marzo de 2015.
Por
la Supersolidaria deben responder los superintendentes delegados para la
Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, entre marzo de 2011 y
julio de 2015, Beatriz Duque Montoya; Juan Alberto Cortés Monsalve (encargado y
en propiedad), Beatriz Elena López Ortega (E) y Guillermo León Hoyos.
La
Procuraduría advirtió que los funcionarios podrán acercarse a la entidad para
rendir versión libre sobre la investigación y presentar su defensa al respecto,
“solicitar o aportar las pruebas documentales o testimoniales que estimen
pertinentes, en la etapa de descargos”.
La
investigación se encuentra en el despacho de la Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública, que considera que supuestamente los
funcionarios desconocieron las normas de los “los artículos 83 y 85 La Ley 222
de 1995 y el numeral 4o del artículo 10 del Decreto 186 de 2004 y los numerales
2 y 4 del artículo 35 de la Ley 454 de 1998”.