Luego de que la Procuraduría General de la Nación pidiera al
Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar los recursos que financian las
actividades de recolección de firmas y a los candidatos, que, sin sustento
legal anticipen sus campañas políticas, la presidenta de la autoridad
electoral, Yolima Carrillo, señaló que hay varias investigaciones
administrativas al respecto.
Carrillo explicó que el CNE tiene un total de 25 expedientes
abiertos por propaganda electoral anticipada en medio del proceso de recolección
de firmas que adelanta 210 grupos significativos de ciudadanos que buscan
avalar candidatos para 2018, de los cuales 47 son para la Presidencia de la
República, 54 para Senado y 109 para Cámara de Representantes.
“La publicidad que realizan los grupos significativos de
ciudadanos debe estar limitada al proceso de recolección de firmas. Quienes
aspiran a ser inscritos como candidatos a través de ese mecanismo deben
limitarse a la actividad que les permita solamente buscar que el ciudadano lo
respalde con su firma, pero no podrá extralimitarse buscando que el ciudadano
le respalde una candidatura. Hay un límite fijado en el espacio público que es
de competencia de los alcaldes, quienes deben controlar la propaganda en sus
municipios”, explicó la magistrada.
Carrillo indicó que es necesario que se reglamente el
mecanismo de firmas, principalmente frente a temas como la financiación y
rendición de cuentas y reveló que el Ministerio de Hacienda alista recursos
para los tribunales de garantías electorales, “que ayudarán a desconcentrarse
la tarea que hace el CNE en las diferentes regiones del país”.