La Sala Plena del
Consejo de Estado ratificó el fallo de la Procuraduía General que destituyó e
inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al exministro del Interior
y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos por tráfico de influencias.
El máximo tribunal de
lo contencioso administrativo rechazó las pretensiones de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho presentado por el dirigente del Centro
Democrático para tumbar la sanción disciplinaria interpuesta por el entonces
procurador General, Edgardo Maya Villazón.
En la discusión se
avalaron los planteamientos de la ponencia en la que se manifestaba que la
decisión disciplinaria debía ser dejada en firme.
Según el proceso
disciplinario, el entonces ministro intervino a favor de la firma italiana
Recchi Grandi Lavori Fincosit con el fin
que el Ministerio de Transporte le pagara una multa cercana a los 23.000
millones de pesos por concepto de un pleito por la cancelación de un contrato
de obra en la vía Bogotá-Villavicencio.
El tráfico de
influencias se configuró porque antes de ser nombrado ministro en el Gobierno
de Álvaro Uribe, Londoño fungió como
abogado de la firma italiana en el año de 1997.
Una de las pruebas es
una comunicación de 2003 en la que Londoño recibió un agradecimiento de la
firma italiana agradeciéndole sus gestiones en el proceso.