Al término de las audiencias
preliminares de judicialización, el Juzgado 2° Penal Municipal de control de
garantías de Villavicencio resolvió la situación jurídica de nueve presuntos
responsables de hechos de corrupción en la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares.
De acuerdo con las investigaciones de
la Fiscalía, los procesados habrían recibido coimas para adjudicar
irregularmente contratos de suministro de dotación, bienes y servicios para
distintos batallones del centro y oriente del país.
El mayor en retiro Antonio Angarita
Alvarado, director Regional Tolima de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. En
las diligencias se conocieron audios en los que, al parecer, el funcionario buscaba
contacto con jueces para lograr su libertad y usaba el vínculo familiar que
tendría con un magistrado en Bogotá para gestionar supuestos beneficios
jurídicos.
A la cárcel también fue enviada la
Abogada Edith Johana García González, excoordinadora de contratos en la
Regional Llanos Orientales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
De otra parte, el juez dispuso
detención domiciliaria para el coronel en retiro Roberto Dussan Mejía, director
Regional Llanos Orientales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; y
María Teresa Villamizar Benítez, funcionaria de Gestión Financiera de la
Regional Llanos Orientales. Estos dos procesados aceptaron los cargos imputados
por la fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u
ofrecer e interés indebido en celebración de contratos.
Otros detenidos que también
recibieron medida de aseguramiento en el lugar de residencia son: Amparo Hernández Hincapié, coordinadora
de abastecimiento en la Regional Llanos Orientales; Maritza Cagua Baquero,
integrante del Comité Evaluador en la Regional Llanos Orientales; y Astrid
Johana Forero Hernández, coordinadora de contratos en la Regional Llanos
Orientales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
El sargento retirado Gustavo Herrera
Castaño, administrador del comedor de tropa del Batallón de Apoyo y Servicios
para el Combate N° 16 de Yopal (Casanare), recibió medida de aseguramiento no
privativa de la libertad, ofreció excusas públicas durante la audiencia, se
comprometió a devolver el doble del dinero comprometido en los hechos de
corrupción investigados y aceptó cargos por
peculado por apropiación continuado, en modalidad de dolo consumado.
Finalmente, el juzgado se abstuvo de
imponer medida alguna contra el coronel en retiro Alberto Bonilla Torres,
director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, pero
seguirá vinculado a la investigación.