La Contraloría General
de la República sigue arrojando detalles sobre las irregularidades presentadas
en el Programa de Alimentación Escolar de Cartagena.
Una vez más hizo
referencia a las pechugas de pollo pagadas por el contratista a 40 mil pesos.
Señaló que una comercializadora que no reporta IVA, pero lo deduce, y que se
dedica a la actividad ferretera fue la que facturó la pechuga de pollo a 40 mil
pesos.
De igual forma, indicó
que el contratista Consorcio Proescolares, presentó facturas con precios del
mercado a la Fiducia y luego con varios precios exorbitantes a la
Administración Distrital de Cartagena. Según la Contraloría, entre una factura
y otra, la diferencia es ostensible: el kilo de Pechuga pasó de $7.000 a
$40.000 y el kilo de Carne de $11.000 a $25.000.
Según la contraloría,
la compra del kilo de pechuga de pollo por $40 mil pesos, dentro de la
ejecución de Programa de Alimentación Escolar en Cartagena, durante el segundo
semestre de 2016, se dio a través de la empresa Comercializadora La Nueva
Esperanza, que en la Cámara de Comercio de esta ciudad registra como actividad
principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y
productos de vidrio.
Según pudo establecer
la Contraloría General de la República con la Dirección de Impuestos Nacionales
(DIAN), “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente
Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”. Sin embargo, en la auditoría que realizó
el organismo de control se verificó que en las facturas que presentó la empresa
contratista (Consorcio Proescolares), entre ellas la de compra de pechuga por
$40 mil se deducía el valor del IVA.
El organismo de control
precisó que con estos elevados precios, el contratista justificó la ejecución
financiera del contrato, y recibió pagos por parte del Distrito de Cartagena,
que finalmente impactaron o incrementaron el valor de la ración y del contrato.
Las autoridades
resaltaron que era obligación de la Alcaldía verificar el gasto que realizaba
el contratista para soportar los pagos que se realizaron. Agregaron que varias
veedurías ciudadanas de Cartagena alertaron en su momento sobre las
irregularidades que presentaba el proceso licitatorio del cual salió favorecido
el Consorcio Proescolares, alertando en tal sentido a la secretaría de
Educación.
En lo que es de
competencia de la Contraloría General de la República, lo que no tiene duda es
que se facturaron y pagaron alimentos con un exorbitante sobreprecio. Y aún
más, que el contratista presentó unos precios ante la fiducia respectiva y
otros ante la administración distrital. Los primeros ajustados al mercado y los
segundos con los sobreprecios que finalmente vino a detectar la auditoría
realizada por la CGR.
La contraloría resumen
los hechos así:
Para el suministro del
programa de alimentación escolar para el segundo semestre de 2016, se celebró
el 5 de agosto del mismo año el contrato No. 52 con el Consorcio Proescolares
por valor de 15 mil 831 millones de pesos con recursos de regalías. El 26 de
diciembre, se aprobaron vigencias futuras por valor de 7 mil millones 886 mil
pesos, para ampliar el servicio contratado en 28 días calendario con el mismo
contratista.
Se evidencia en los
documentos contractuales que para legalizar el anticipo, por valor de 4 mil 749
millones de pesos ante la fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, en virtud de la
fiducia de administración para garantizar la destinación de los recursos, el
Consorcio Proescolares presentó facturas con los siguientes valores. Kilo de
Pechuga a $7.000; Kilo de Carne a $11.000; Kilo de Carne molida a $10.000; y
Kilo de Bofe a $9.000.
Sin embargo, para
legalizar los pagos ante el Distrito de Cartagena, el contratista soportó sus
gastos en alimentos con facturas donde los valores anteriores se incrementaron
ostensiblemente, así: El Kilo de Pechuga pasó de $7.000 a $40.000, el Kilo de
Carne pasó de $11.000 a $25.000; el Kilo de Carne Molida pasó de $10.000 a
$38.000; y el Kilo de Bofe de $9.000 a $15.000 Con las facturas presentadas al
Distrito de Cartagena, el contratista indicó que invirtió entre otras, la suma
de $2.539 millones en compra de alimentos para la elaboración de las raciones
alimentarias. Situación que no fue debidamente verificada por el Distrito.
La Contraloría señaló
que la administración distrital de Cartagena debía velar por el buen uso de los
recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos que regulan el Programa
de Alimentación Escolar. En este sentido, era obligación de dicha
administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar
los pagos que se realizaran. Fuente:CGR