La Fiscalía General
reveló que las capturas del exalcalde de Santa Marta y precandidato
presidencial, Carlos Caicedo y del suspendido alcalde de esa ciudad, Rafael
Martínez se relacionan con graves irregularidades en contratos que ascienden a
los 12 millones de pesos en los recursos para la salud en la capital del
Magdalena.
El director Nacional de
Fiscalías Seccionales, Luis González señaló que se trata de la celebración de
un contrato y una posterior adición que tenía como objetivo la demolición y
construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta.
Según la investigación,
el exalcalde samario habría suscrito un acta y acuerdo que autorizaba la
demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, La Paz,
Candelaria, Taganga y Bastidas Sin embargo, solamente se construyó este último.
Los dos contratos en la
mira de la Fiscalía son: El No. 004, firmado el 18 de noviembre de 2014,
celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el
mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria,
Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de 6.532 millones de pesos.
En este primer contrato
se detectó que se habría presentado un incumplimiento en los requisitos
legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de
viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de
proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó
un detrimento patrimonial cercano a 5.000 millones de pesos.
En el caso del
suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez se le investiga
por su presunta participación en las fallas que se presentaron en la etapa
precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como
fecha límite de su ejecución el 31 de diciembre de 2017.
Este segundo contrato
fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo
Salud y tenía por objeto la adecuación y terminación de los centros de salud:
La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863 millones.
En relación con este
contrato, la Fiscalía evidenció inconsistencias relacionadas con la obtención
extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de
Salud. El convenio fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además
se determinó que la licencia de construcción también se solicitó
extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.