La rectora de una
institución educativa del municipio de Ituango, Antioquia, había asegurado que
algunos policías están involucrando a menores de edad en esta actividad
ilícita.
Hace unos días, durante
la instalación y presentación de los Cuerpos de Paz en el municipio de Ituango,
Antioquia, en donde se encuentra ubicada
una de las zonas veredales de concentración de las Farc, María Victoria Zapata,
rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, denunció la vinculación
de policías de la región con actividades de microtráfico en la zona, con un
agravante: la participación de menores de edad.
La denuncia no cayó
bien y las repercusiones se vieron de inmediato. Este lunes, en horas de la mañana la rectora
recibió una amenaza. Un líder social de la zona asegura que en el pasquín
intimidatorio, que encontró la rectora a su llegada al colegio, se le advierte
que “está hablando cosas que no le importan”, y se le pone un ultimátum: “24
horas y adiós”.
Líderes sociales,
organizaciones regionales y población civil se congregaron ayer a las afueras
del Palacio Municipal en el centro de Ituango para rechazar las amenazas.
Hasta ahora ni la
Alcaldía, ni la Policía Departamental de Antioquia se han pronunciado, aunque
el Personero municipal afirma que desde ayer se ha hecho acompañamiento a la
rectora y están al tanto de la situación luego de un consejo de seguridad que
se tuvo con el comandante de policía de la región. Una versión que los líderes
sociales que estuvieron este lunes frente a la Alcaldía de Ituango desmienten.
Un líder social de la
zona asegura además que las amenazas son constantes por las frecuentes
denuncias sobre microtráfico en el municipio e incluso un menor de edad se vio
obligado a desplazarse por
intimidaciones de presunta autoría de la banda los Pachelly, un grupo
delincuencial al servicio del Clan del Golfo.
La situación de
seguridad en la zona es frágil pues en Ituango se encuentran cerca de 238 ex
combatientes del frente 18 de las Farc concentrados en la zona veredal. Además,
el mes pasado fue asesinado Juan Fernando Amaya, un ex integrante de las Farc
que había sido indultado, estaba en proceso de reincorporación e incluso ya tenía en la zona urbana de dicho municipio
un establecimiento comercial de su propiedad.
En la zona además se ha
identificado la presencia de la banda originaria del norte del Valle de Aburrá
los “Pachelly” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La Policía Nacional,
junto con Inteligencia Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la
Fiscalía han dado en el último año contundentes golpes a la banda los Pachelly,
dedicada la microtráfico en el norte y oriente antioqueño, y asociada además a
las actividades delincuenciales del Clan del Golfo.
De hecho, en enero de
este año, la Policía Nacional capturó a 57 de sus integrantes anunciando la
“desarticulación” de esta organización delincuencial integrada al narcotráfico
y su degradación a banda criminal. Sin embargo, la presencia de microtráfico en
el oriente antioqueño ya ha dejado varios operativos a lo largo de este año, en
los que se ha logrado identificar la conexión con dicha banda, que además se
financia a través de extorsiones y el hurto de autopartes, probando así su operatividad
y amenaza en la región.
Los “Pachelly” operan
desde 2014 y deben su nombre al barrio homónimo del municipio de Bello, al
norte de Medellín, donde se dedicaban al negocio del microtráfico al servicio
de los entonces Urabeños, ahora Clan del Golfo, que se disputan el control
territorial del negocio y las rutas de la cocaína en Antioquia. Desde entonces,
los Pachelly extendieron su accionar criminal hacia municipios del oriente y el
norte del Valle de Aburrá.