Las protestas masivas
en Rumania, las más importantes desde la caída del comunismo, provocaron que el
gobierno anunciara este sábado la derogación de un decreto que despenalizaba
ciertos delitos de corrupción.
El primer ministro
socialdemócrata, Sorin Grindeanu, anunció en una precipitada rueda de prensa
que el gobierno se reuniría el domingo para retirar el polémico decreto.
Grindeanu declaró que
lo iba a hacer porque no deseaba "dividir a Rumanía".
El anuncio despertó
júbilo entre unas 120.000 personas que protestaban por quinta noche consecutiva
ante la sede del gobierno.
El decreto había sido
aprobado el martes de noche, sin pasar por el Parlamento, y desde entonces una
media de 200.000 personas habían salido cada día a las calles del país.
Entre otras cosas, el
decreto establecía un mínimo de 44.000 euros de infracción para poder empezar a
perseguir los delitos financieros.
Además el gobierno
tenía entre manos un proyecto de ley para sacar de prisión a políticos ya
condenados por corrupción.
La explicación oficial
era que el decreto iba a alinear el código penal con la Constitución, y además
iba a reducir la población carcelaria.
Los críticos replicaban
que en realidad lo que buscaba el gobierno era sacar a miles de funcionarios y
políticos encarcelados por grandes redadas en los últimos años.
"Es por el futuro
de nuestros hijos. Queremos que se haga justicia" explicaba Georgiana
Dragoi, una ama de casa, este sábado.
"El gobierno
quiere legalizar el crimen de cuello blanco, que es el más insidioso",
aseguraba Sergiu, un empleado de banca de 43 años y manifestante en la plaza
Victoriei de la capital.
Esta plaza se había
convertido en el epicentro de las protestas, donde los manifestantes hicieron
sonar vuvuzelas (largas cornetas) y pitos y entonaron incansablemente el himno
nacional, "¡Despiértate rumano!".
Rumania, un país de 20
millones de habitantes, ha vivido varios periodos de inestabilidad política
desde la caída de la dictadura comunista, en 1989.
- Vuelta atrás
-"Ningún gobierno puede resistir manifestaciones así", aseguraba
antes de la retirada del decreto el politólogo Cristian Parvulescu, que
consideraba que el gobierno "ha perdido su legitimidad".
"Derogar el
decreto no resolverá el problema y no permitirá poner fin a la crisis",
aseguró.
El texto estaba previsto para entrar en vigor el 10 de
febrero.
Bajo presión de la
Unión Europea (UE) y de varios magistrados, los tribunales han instruido
centenares de casos de corrupción en los últimos años, un giro histórico en la
justicia rumana.
Estados Unidos había
manifestado su "profunda inquietud" por el decreto, lo mismo que
Bruselas.
El PSD, que había sido
expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin
embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre.
El partido, central en
la vida política rumana desde el fin del comunismo, ha sido el blanco de
numerosas investigaciones de la fiscalía nacional anticorrupción (DNA), a la
que acusa de estar llevando a cabo una caza de brujas.
Las protestas se
centraron en las ciudades porque el PSD tiene un gran apoyo electoral en las
zonas rurales más pobres.
