En las últimas semanas
se han intensificado los contactos entre algunos exministros uribistas,
asesores de las Farc, políticos y hasta académicos en busca de una fórmula que
les permita a los exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe llegar a
la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para exponer sus casos.
Diego Palacio,
exministro de Trabajo; Sabas Pretelt, exministro del Interior, y Alberto
Velásquez, exsecretario general de la Presidencia, condenados por la llamada
yidis-política serían los interesados en que esta puerta se abra y puedan pedir
la renuncia a la persecución penal en sus respectivos casos.
Ha trascendido que han
sido por lo menos 6 las reuniones que han sostenido los exministros en la
Escuela de Caballería, al norte de Bogotá, con los asesores de las Farc Enrique
Santiago y Álvaro Leyva, y que estos últimos estarían de acuerdo con que se
contemple esta posibilidad y se lleven esos casos a conocimiento de la JEP.
Varias fuentes
consultadas por RCN Radio dicen que el argumento central para que los exfuncionarios
se presenten a la JEP tiene que ver con que la reelección de Uribe fue un acto
enmarcado en el conflicto armado colombiano y que, por ello, los delitos
cometidos para aprobarla tienen relación directa con ese conflicto y podrían
ser revisadas las condenas por parte de los jueces de la nueva jurisdicción de
paz.
Así mismo, los asesores
de la guerrilla habrían expresado en esas reuniones su interés porque esta
posibilidad se concretara. Dicen otras fuentes que el hecho de que allegados a
Uribe se sometieran a la JEP le permitiría al sistema ganar mayor legitimidad y
credibilidad y que ello le simpatizaría a las propias Farc.
