La Contraloría General
de la República inició un nuevo capítulo en el proceso de auditoría a la
ejecución del proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de
Cartagena, en el cuál se examinarán contratos por cerca de 1.000 millones de
dólares y, además, se evaluarán los estados financieros de Reficar.
Según informó el
organismo, en este segundo ejercicio auditor se emitirá opinión sobre la
razonabilidad de los estados financieros, “para lo cual se levantaron los
fenecimientos que había decretado la misma Contraloría (en administraciones
anteriores) a la cuenta de la compañía”.
La Contraloría no dio
validez a la información que suministró en su momento Reficar, dado a que se
encontraron hechos que evidenciaron “una gestión fiscal ineficiente, como
pérdidas importantes y otras situaciones en su activo, que evidencian un
desempeño no deseado”, indicó el órgano de control.
“En esta dirección se
va a mirar con lupa el desenvolvimiento económico del proyecto”, resaltó.
Reveló además que se
van a revisar unas situaciones que se dieron en el desarrollo del proyecto,
como los cobros de utilidades por parte de los subcontratistas y en general el
desempeño constructivo de los contratistas.
Se adelantará además
una revisión en detalle de las fases de precomisionamiento, comisionamiento y
puesta en marcha de la refinería, mirando temas como los pagos dobles y triples
que se dieron en algunos contratos, para volver a adelantar trabajos ya
efectuados.
“En la auditoría
anterior se identificaron unas redes contractuales: varios contratistas que de
alguna manera se compartían actividades de la refinería como los suministros.
Se ahondará también en este tema”, recordó el organismo.
Inicialmente la
Actuación Especial será adelantada por un grupo de 16 auditores. La auditoría
finalizará y será liberada el próximo 30 de junio.
El contralor delegado
recordó que en la auditoría pasada se presentaron inconvenientes en la entrega
de información a la Contraloría “y de hecho se está evaluando la posible
apertura de 2 procesos sancionatorios contra la firma CB&I por tal
situación”.
Finalmente la
Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía dio traslado a 29 de los
36 hallazgos fiscales, que se encontraron en la Auditoría adelantada el año
pasado, a la oficina competente del organismo de control que adelantará los
procesos de responsabilidad fiscal del caso.
En esa auditoría
anterior se revisaron contratos por 1.730 millones de dólares y los hallazgos
encontrados suman 943 millones de dólares, además del lucro cesante que se
determinó en 1.936 millones de dólares.