La directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, indicó que el
programa que se viene adelantando de las madres comunitarias desde hace siete
años, está en riesgo de acabarse si esa entidad tuviera que vincular de manera
directa a las más de 60 mil mujeres que hacen parte del mismo.
La funcionaria explicó
que para que estas mujeres se conviertan en servidoras públicas, el Estado
tendría que hacer una inversión de más de un billón de pesos, lo que según ella
desborda las capacidades del ICBF.
“Desde el 2014 las
madres comunitarias fueron formalizadas y eso quiere decir que ellas trabajan a
través de un contrato con salud, pensión, prima, vacaciones, cesantías y demás
derechos” dijo.
Indicó que “por eso no
podemos confundir ese debate y decir que se las van a violar los derechos…
desde el ICBF contratamos operadores, fundaciones, Ongs y entidades sin ánimo
de lucro que prestan los servicios y no lo hacemos para violar los derechos de
los trabajadores”.
En ese mismo sentido,
aseguró que “está en riesgo de acabarse, porque si al ICBF lo obligan a
contratar directamente, tendríamos que ampliar de 6 mil a 266 mil nuestra
planta de trabajo y eso puede quebrar el ICBF… Acá hablamos de todas las
personas que trabajan con los operadores y es imposible prestar todos los
servicios”.
Cristina Plazas
advirtió que muchas de las madres comunitarias del país podrían perder sus
empleos al formar parte del Estado, ya que su ingreso se daría por medio de
concurso de méritos y eso afectaría el funcionamiento actual del programa.
“Si nosotros hiciéramos
una contratación directa de cada servicio que se presta, se desbordaría la
capacidad del ICBF y nos convertiríamos en una agencia logística y no en una
entidad que defiende los derechos de los niños” señaló.
Sostuvo que “la
discusión en todo esto es si se vuelven servidoras públicas o no… yo creo que a
las madres comunitarias no les han explicado que al ser servidoras públicas les
toca hacer carrera administrativa y les tocará concursar, lo que indica que muchas
de ellas podrían perder esa condición”.
La Directora del
Bienestar Familiar aseguró que de manera permanente esa entidad se viene
reuniendo con delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio de Trabajo, para verificar las situaciones en las que los operadores
no le cumplen a esa comunidad y agregó que este año se han presentado ya 120
casos.
“Tenemos una mesa
laboral en el ICBF y el sindicato ha puesto en conocimiento este año de 120
casos de 60 mil madres en el país” precisó.
Añadió que “lo que
hacemos es sentarnos y solucionar estos problemas…. en la reunión pasada la
Procuraduría y la Defensoría dejaron constancia de que cada requerimiento es
atendido inmediatamente a través de los inspectores de trabajo”.
Cristina Plazas destacó
finalmente la labor de todas las madres comunitarias del país y dijo que esa
entidad a través de las vigencia futuras tiene garantizados los contratos de
las mujeres del programa.
“No vamos a formalizar
a las madres porque ya están formalizadas y tienen un contrato hasta el 2018…
con el ICBF ya se les ha asegurado vigencias futuras para pagar los contratos y
que no se queden sin su salario”manifestó.
Agregó que “con esos
800 mil millones de pesos que nos costaría eso, podríamos atender a 400 mil niños…
quiero hacer un reconocimiento a las madres comunitarias y su esfuerzo de todos
los años para cuidar a los hijos de los colombianos”.