D La Republica
Tras cinco años de
investigaciones formales, al fin la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) logró acorralar al cartel del azúcar.
A través del Informe
Motivado, de 344 páginas, (Ver informe) al que tuvo acceso LR y que presentó el
viernes el superintendente delegado para la protección a la competencia, Germán
Enrique Bacca, se recomienda sancionar a 12 ingenios y tres gremios y 16 funcionarios
y exfuncionarios de compañías azucareras por infracciones a la libre
competencia.
La mira está puesta en
los gremios y sus líderes: Asocaña, Luis Fernando Londoño; Ciamsa, Clemente
Carlos Mira, y Dicsa, Luis Augusto Jaramillo Palacios; en empresas y sus
presidentes, gerentes o representantes legales, como Riopaila, Manuelita,
Mayagüez, Incauca.
Los acuerdos no solo
tenían que ver con precios sino con unas entramadas estrategias para distribuir
clientes e impedir importaciones de Bolivia siendo obstáculo para que terceros
ingresaran a mercados o canales de comercialización. Una práctica que se volvió
parte de su ADN desde 1998.
En cambio se aconseja
archivar los procesos por actuaciones que tuvieran por “objeto o tengan como
efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro” de los ingenios y
Asocaña, así como los procesos contra Luis Augusto Jaramillo Palacio y Djalma
Teixeira de Lima Filho.
La última palabra la
tendrá el superintendente Pablo Felipe Robledo quien deberá decidir si sanciona
o exonera a los investigados. Las multas por infringir la libre competencia
pueden llegar hasta $63.000 millones para personas jurídicas y $1.300 millones
para personas naturales. Pero el panorama no se ve nada alentador para los que
están bajo la lupa de la SIC.
“En este como en todas
las investigaciones hay que respetar el debido proceso, y en este caso no hay
excepción, procede el recurso de reposición y de apelación”, dijo José Miguel
de la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio.
De hecho las buenas
relaciones entre la industria azucarera, que traspasaron los límites de lo
legal, se pudieron demostrar a través de bitácoras de espacios como las
reuniones entre las empresas pertenecientes a Asocaña, a CI Azúcares y Mieles (Ciamsa), y Desarrollos
Industriales y Comerciales SA (Dicsa).
También a las llamadas
‘reuniones de gerentes y presidentes’ donde se acordaban estrategias conforme a
la información confidencial entregada a Asocaña con la excusa de la existencia
del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa).
“…los ingenios en el
contrato exportarán en 1998, 44% de su producción, se propone que los ingenios
que hasta ahora han estado por fuera del contrato exporten en 1999 10% de su
producción (…) el porcentaje máximo de exportación para los nuevos miembros
será de 22%, que equivale al porcentaje de exportación que tendrá el sector en
10 años [a] partir del décimo año, participarán en el mecanismo en las mismas
condiciones establecidas para el resto de ingenios, con un máximo de
exportaciones de 22%”, dijo Ricardo Villaveces el 27 de enero de 1999, quién
ejercía como presidente de Asocaña y le comunicaba a Carmelita la estrategia
conjunta de exportación.
Lo que tiene como
agravante esta situación, señala el documento, es que se adoptaban decisiones
de manera conjunta que debían ser autónomas y cuando esto no sucede se
constituye una práctica “idónea para limitar la libre competencia que
contextualiza la conducta que hoy se reprocha: un acuerdo para obstruir la
participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta forma
evitar la caída en el precio del producto”.
Pero eso no es todo. En
una reunión de miembros de Asocaña el 9 de septiembre de 2009, se reseña una
planeación estratégica de...precios. “El precio lo hemos venido subiendo de a
poquitos, empezamos en 60.500 hoy estamos en 60.000 y mañana lo vamos a subir a
61.500. Hoy llevamos vendido 69.924 qq. No le vendimos a Coca-Cola pues
cotizamos a 60.500 y le compraron a 60.000. No hicimos mucha fuerza pues a
pesar del dólar San Carlos, Pichichi y Carmelita están enfocados en exportación
y van a tener muy poca azúcar para el modo nacional”, se señala en un Resumen
de Actividades CEQ.
La situación escrita,
dice Bacca en su informe, confirma que Asocaña “sirve de instrumento de
coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no
solo a través de intercambio directo e indirecto, sino impartiéndole
instrucciones de índole comercial a sus afiliados”.
El problema que dejan
las liquidadas
De acuerdo con lo que
está establecido en la normativa, recuerda Edward Cristancho, experto en
competencia de muñoz abogados, es que
las empresas que está disueltas no pueden responder ante sus obligaciones en
términos de sanciones, pero sí las que están en proceso de liquidación. Es el
caso de Central Tumaco y Dicsa. En el caso de Mayagüez que entró a controlar el
Ingenio San Carlos, lo que deberá evaluar Robledo, es cómo responderán ante las
posibles sanciones impuestas, confirmó De la Calle.
Las opiniones
José Miguel de la Calle
Exsuperintendente de
industria y comercio
“Este proceso es muy
importante porque muestra que pese a las condiciones especiales del agro, la
SIC es competente para tomar decisiones sobre este sector”.
Edward Cristancho
Experto en competencia
de muñoz abogados
“La extinción de la
personalidad jurídica derivada de un proceso liquidatorio impide la imposición
de las sanciones previstas en el régimen que protege la libre competencia”.