Atendiendo una sentencia de la Corte
Constitucional, el organismo de control realizó una Actuación Especial sobre el
proyecto Ciudadela San Antonio de Villavicencio, que además de desplazados
beneficiaba a familias en situación de vulnerabilidad por causas distintas al
conflicto.
Han pasado 12 años de
iniciado este proyecto de 2.254 viviendas, al que se destinaron más de $20 mil
millones, y hoy solo se cuenta con 89 títulos de propiedad debidamente legalizados.
En desarrollo de esta
auditoría se establecieron 11 hallazgos administrativos, en la Gobernación del
Meta, la Alcaldía de Villavicencio, FONADE, FONVIVIENDA, contratistas e
interventores.
Bogotá, junio 30 de
2015.- Dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.725 millones,
detectó la Contraloría General de la República en la Gobernación del Meta, el
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA y la Unión Temporal de Vivienda Pro
Orinoquia, en una Actuación Especial a la Política Pública de Vivienda a la
Población Víctima del Conflicto Armado y específicamente a los hechos
irregulares ocurridos alrededor del proyecto Ciudadela San Antonio de
Villavicencio.
El informe de la
Contraloría evidencia que este proyecto, la Ciudadela San Antonio, es el caso
más emblemático del fracaso de la política de vivienda reciente del país:
Después de 12 años de
iniciado el proyecto de 2.254 viviendas, para el que se canalizaron cerca de
$20 mil millones de pesos, hoy solo se cuenta con 89 títulos de propiedad
debidamente legalizados. Es decir, su cumplimiento es apenas del 3.9%.
La meta era beneficiar
a cerca de 934 familias víctimas del conflicto, en su mayoría desplazados, y
1.320 familias en situación de vulnerabilidad por causas distintas al
conflicto.
Se legalizaron sólo 89
de las 468 viviendas entregadas entre 2004 y 2011, pese a que se asignaron
2.254 subsidios.
Entre diciembre de 2013
y finales de 2014, luego de la intervención de la Contraloría General de la
República y otras instituciones, en el marco del Acuerdo Cóndor se entregaron
261 viviendas, de las cuales se certificaron 118.
Hoy solo se cuenta con
468 viviendas construidas por las Uniones Temporales y 262 por Provento S.A, en
el marco del llamado Acuerdo Cóndor.
Así, y pese a la
cuantiosa inversión de recursos, los proyectos se encuentran declarados en
incumplimiento y las familias beneficiarias no cuentan con su solución de
vivienda digna.
Por esta razón, las
familias perjudicadas requieren que se les haga efectiva una carta de
asignación de vivienda que les fue expedida, en muchos casos, hace más de 10
años. En consecuencia, han optado por la acción de tutela para que, a través de
fallos judiciales, se les cumpla el derecho adquirido.
Fue así como
presentaron tutelas ante un Juzgado de Villavicencio que le fueron negadas pero
dichas sentencias (2) fueron revocadas por la Corte Constitucional que, mediante
sentencia T-088 de 2011, concedió a los dos demandantes la tutela del derecho a
la vivienda digna, "y de todas aquellas personas en situación de
desplazamiento que aplicaron los subsidios de vivienda adjudicados por
FONVIVIENDA al proyecto "Ciudadela San Antonio II" de la ciudad de
Villavicencio".
Este informe de la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario se elaboró en cumplimiento de
las órdenes de la sentencia mencionada de la Corte Constitucional.
Se malgastaron los recursos invertidos
Para la Contraloría, el
fracaso de este proyecto de vivienda
"hace evidente gran parte de la ineficiencia del Estado para producir
resultados, especialmente por la casi nula capacidad para coordinar acciones interinstitucionales
necesarias en proyectos de gran envergadura, como el de la ciudadela San
Antonio, donde es necesaria la participación de distintas instituciones en los
tres niveles de gobierno: Nación, Departamento y Municipio".
El dictamen de esta
auditoría es que la ejecución de los Proyectos de la Ciudadela San Antonio no
cumplió los principios de economía, eficiencia y eficacia. Por el contrario,
los recursos invertidos fueron malgastados y, en consecuencia, no se garantizó
el Goce Efectivo del Derecho a la vivienda digna de la población víctima del
conflicto armado, beneficiaria del proyecto.
Hallazgos detectados.
En desarrollo de la
auditoría adelantada por la CGR se establecieron 11 hallazgos Administrativos,
en la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Villavicencio, FONADE, FONVIVIENDA,
contratistas e interventores.
De estos hallazgos, 2
tienen posible incidencia Fiscal (por $16.725.808.666), y cobijan a la Unión
Temporal Pro Orinoquia Llanos, FONVIVIENDA y la Gobernación del Meta.
Otros 6 hallazgos
tienen posible incidencia Disciplinaria y se detectaron en la UT Pro Orinoquia
Llanos, FONVIVIENDA, Villavivienda y FONADE).
Finalmente, hay 2
hallazgos con posible incidencia penal, relativos a la UT Pro Orinoquia Llanos.
Solución a casos problemáticos
Según la Contraloría,
los hechos ocurridos en el proyecto San Antonio tienen múltiples causas,
producto de la acción y omisión de los distintos involucrados.
Incidió, por ejemplo,
la inestabilidad institucional que caracterizó a la administración municipal.
No obstante, el Gobierno Nacional no tomó medidas contundentes frente a los
múltiples llamados de atención de los beneficiarios y de las mismas entidades
(caso FONADE) y se dilataron las medidas de cumplimiento durante cerca de 5
años, al punto de haber desatendido las órdenes de la Corte Constitucional en
su sentencia T-088 de 2011.
La Contraloría reconoce
los esfuerzos recientes de algunas entidades para subsanar algunas de las
deficiencias de este proyecto. No obstante, considera que debe haber un mayor
compromiso para solucionar la problemática y lograr cumplirle a la población
que requiere de un servicio esencial como es la vivienda.
De acuerdo con la
identificación de los casos más problemáticos en la Ciudadela, Villavivienda (a
través de su Gerente, William Reinoso), FONADE, Provento S.A, los
representantes de la Aseguradora Cóndor S.A. (en liquidación), y funcionarios
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, han llegado a acuerdos en torno
a alternativas de solución para casos problemáticos como:
La Certificación de
viviendas habitadas hace más de 5 años (UT Pro Orinoquia Llanos)
Certificación de
viviendas construidas y no amparadas por el Acuerdo Cóndor.
Agilidad en el trámite
de la legalización de los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana de las casas
entregadas por Provento S.A. y Construir Alianza.
Trámite frente a casas
invadidas por personas diferentes a los asignados.
Fechas de construcción
y cronograma de obra de las 622 viviendas.
Construcción de
viviendas con avance de obra.
Trámites donde no hay
avances
No obstante, no se ha
avanzado en otros trámites y acciones tales como:
Información de los
saldos en Fiducia para legalización de los Subsidios Familiares de Vivienda
Urbana.
Generación de nuevos
recursos para la construcción de las viviendas que no se encuentran amparadas
por Cóndor.
Solución a las familias
que quedaron por fuera de las viviendas de Nuevo Milenio.
Solución a las familias
que fueron estafadas por el representante legal de la UT. Covicafe.
Solución a las familias
de Los Colores, cuyas viviendas presentaron fallas técnicas y aun así fueron
legalizadas.
Solución a las familias
que perdieron la asignación del lote y que aún cuentan subsidio vigente.
Solución a las familias
que tienen denuncias penales ante la Fiscalía por la entrega de los ahorros
programados.
Solución a las familias
que construyeron sus viviendas por cuenta propia o las terminaron.
Solución a las familias
que les fue revocado el Subsidio Familiar de Vivienda Urbana.
Solución a las familias
que tienen hasta 5 resoluciones de asignación y reasignación de lote.
Solución a las familias
que no cuentan con escrituras.
Solución a las familias
que tienen subsidios de cajas de compensación.