Medida de la Agencia
Colombia Compra Eficiente concentraría contratos para servicio de seguridad. Unos
240.000 guardas de seguridad que trabajan en forma directa en 776 empresas.
Unos 240.000 guardas de
seguridad que trabajan en forma directa en 776 empresas que prestan este
servicio en el país se declararon acorralados por la medida de la Agencia
Colombia Compra Eficiente, de establecer la figura de Acuerdos Marco de
Precios, tras los cuales se imponen pliegos de condiciones para contratar.
Esto, según el gremio de empresas de seguridad (Andevip), dejaría por fuera al
80 por ciento de compañías, con el consiguiente riesgo de reducción en el
empleo.
Juan Luis Gutiérrez,
vicepresidente de Andevip, explicó que “los Acuerdos Marco de Precios que se
pretenden establecer a las empresas de seguridad no aplican a esta actividad,
pues no se puede abordar este tema de la misma manera en que se adquieren
productos de papelería (ya son objeto de acuerdos).
Los pliegos de estos
acuerdos marco exigen condiciones que tienen descontento al gremio de la
seguridad. Capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y
organizacional son algunas de las exigencias que, al decir de Gutiérrez,
resultan excluyentes.
“Los pliegos fueron
presentados tan solo un día antes de citarse a la audiencia pública para
asignación de riesgos y llevan claramente al favorecimiento de pocos, la
desaparición de pequeñas y medianas empresas y el desempleo para muchos
guardas”.
Por un tiempo largo
Argumentan que el
contrato se hará por tres años, en los cuales los que queden por fuera estarán
al margen del negocio, por lo que una de sus sugerencias es que, al menos, el
tiempo del contrato se reduzca a un año.
La contraparte
Para la directora de Colombia
Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, estos acuerdos de precio son los que
le han permitido al Estado comprar bienes y servicios a un menor costo.
Explicó que este
proceso se hace de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio,
entidad que tiene estandarizados los permisos y demás requisitos que deben
cumplir los oferentes. Además, se ha convocado la participación del sector a
través de audiencias para elaborar los pliegos.
En tal sentido,
desvirtuó la queja del gremio, que inclusive amenaza con usar vías de hecho
para pedir que se modifiquen los requisitos. “La compra agregada de bienes y
servicios busca eficiencia y transparencia en la contratación, además de
ahorros por compra de paquetes de servicios a largo plazo y mayor participación
de proponentes”, dijo Zuleta.
La funcionaria agregó
que, en la actualidad, no son tantas las empresas de seguridad que prestan
servicio al Estado, como sostiene el gremio. “De las cerca de 750 autorizadas,
no hay más de 100 prestando el servicio en entidades estatales. Además, muchas
de ellas están relacionadas entre sí (a través de proveedores plurales, como
uniones temporales o consorcios), algo que se corregirá con la medida de
permitir solo una oferta por región”.
Zuleta explicó que,
teniendo en cuenta las diferencias de las empresas prestadoras de este
servicio, se dividió el país en 11 regiones, de manera que la competencia sea
equitativa. “Para una ciudad como Bogotá se exigen 10.000 salarios mínimos,
mientras que para San Andrés son apenas 1.000. Estos rubros se establecieron
con base en el valor estimado de la demanda en cada región”.
La funcionaria explicó
también que “la adjudicación del contrato se hará con un puntaje superior a la
media aritmética”. Así, mientras mayor número de proponentes participen, más
proveedores podrán ser adjudicatarios”.
Entre tanto, el gremio
de la seguridad privada indicó que su petición es que, aprovechando la próxima
audiencia para socializar los riesgos del proceso, citada para el 1° de julio,
se tomen en cuenta sus peticiones, de manera que se permita la competencia a
más empresas de este sector.