RCN La Radio
El ministro de Minas, Tomás González, reveló
que tres empresas entregaron documentación falsa en el marco de seis contratos
de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que fueron adquiridos en las
Rondas Colombia 2008 y 2012.
El escándalo por el
robo de la información de sísmica que pertenecía a las compañías Repsol y
Canacol no termina. El propio Ministerio de Minas y Energía junto con la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Secretaria de la Transparencia
denunciaron inconsistencias en las pólizas de garantías que aportan las
empresas para la adjudicación de contratos.
"En uno de los
procesos internos detectamos el problemas con las garantías que entregan las
empresas para la adjudicación; revisamos el 100% de las garantías de 474 que
tenemos y fueron 10 que tenían problemas asociadas a tres empresas", explicó.
Los contratos
adjudicados a las tres empresas, que fueron catalogadas por el Ministerio como
"compañías pequeñas", reúnen compromisos de inversión por al menos 48
millones de dólares.
De otro lado, se
refirió al extravío de copias de información de sísmica. "Se constató la
falta de 4 discos duros, que contienen copia de la información sísmica
entregada por dos empresas operadoras", confirmó el Ministro.
Aclaró que la
información faltante corresponde a una copia suministrada por las empresas
operadoras, a las cuales ya se les solicitó entregar un duplicado de la misma.
"Dicha información
sólo es útil para la empresa operadora, pues se refiere al área que le fue
asignada, sobre la cual tiene derechos exclusivos de exploración y
eventualmente de explotación. Por lo tanto, esa información no puede ser
utilizada por terceros", añadió.
Pues ante estos hechos
que ponen en evidencia las irregularidades de la institución, el presidente de
la ANH, Mauricio de la Mora, dijo que se están tomando cartas en el asunto y
medidas.
El ministro de Minas,
Tomás González, pidió a las autoridades competentes, como la Fiscalía o la
Contraloría, aplicar los máximos castigos y no descartó que "rueden cabezas"
al interior de la institución o que se caduquen los contratos con las compañías
implicadas en las garantías falsas.