Representantes del gremio minero y académicos debatieron si la sociedad civil puede tomar decisiones sobre el desarrollo minero-energético del país.
David Campuzano - El Espectador
¿Pueden o no los pobladores de un municipio colombiano decidir si quieren que se realicen actividades mineras o petroleras en sus territorios? La respuesta a esta pregunta se mantiene en lo que los especialistas han nombrado “un limbo jurídico” con pocas certezas.
Al menos esa fue la conclusión de un álgido debate que se vivió esta semana en Bogotá en el que académicos, representantes del gremio minero, y algunos representantes del Estado intentaron resolver el interrogante en un espacio coordinado por la organización de abogados De Justicia y el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación alemana Konrad Adenauer. ¿Cómo fue el rifirrafe de argumentos?
Un primer contexto para comprender de qué se habló
En el último año los alcaldes de Piedras (Tolima), Tauramena y Monterrey (en Casanare) han convocado consultas populares para decidir frente a proyectos extractivos que las empresas Anglo Gold Ashanti y Ecopetrol pretenden desarrollar en sus territorios. Partiendo de que este modelo de participación ciudadana está amparado por la constitución los alcaldes han cumplido con todos los pasos legales para llevar a cabo las votaciones, contado con los avales de los Tribunales Administrativos competentes y la Registraduría nacional de la nación.
Pero existe un decreto, el 934 de 2013, que le ha puesto freno al interés ciudadano. Esta norma advierte que los alcaldes y concejales no podrán tomar decisiones sobre el subsuelo de sus municipios porque éste le pertenece a la nación. En otras palabras sólo el Presidente de la República tiene el poder para decir qué se hace con los recursos naturales que se esconden en el subsuelo.
Ahí está el “limbo”. Mientras los alcaldes defienden que “por ley” sus ciudadanos tienen derecho a elegir sobre lo que ocurrirá en su tierra y a prevenir posibles afectaciones ambientales que podrían perjudicarlos, las empresas se han ceñido al decreto 934, desacreditando las consultas y pidiéndole al gobierno que haga cumplir esa norma. “La ley es dura pero es ley”, ha dicho la Andi.
Así fue el debate
Cesar Rodríguez Garavito, miembro de Justicia y profesor de la Universidad de los Andes, asegura que con la llegada de nuevos proyectos extractivos la deliberación con las comunidades es sumamente importante. “No se trata de anular el debate diciendo que los jueces tienen la última palabra. No es benéfico decirle a sus ciudadanos que la decisión que tomaron en su consulta no es vinculante. En este caso las consultas pueden funcionar como un mecanismo de concertación”.
Bajo este panorama los representantes de los empresarios sí piden que el Gobierno sea más claro y defina una lista de tareas puntuales para desarrollar proyectos minero-energéticos en el país debido a que concesiones que ya han sido aprobadas ahora se frenan por la oposición de habitantes y organizaciones civiles.
“Colombia ha perdido puestos en los rankings de inversión internacionales porque las empresas llegan al país bajo unas reglas que luego cambian. Se ha estigmatizado la explotación de minerales e hidrocarburos diciendo que aquí van a ganar las compañías y van a perder las poblaciones. Aquí opina el que quiera. Muchas veces desde el desconocimiento”, dice Santiago Ángel, Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
Según Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi, en los últimos dos años 42 empresas se han retirado de Colombia por falta de garantías y solo en Santurbán se perdieron 1.200 empleos.
“Tenemos que romper el sesgo de desconfianza sobre estas actividades, aquí se está partiendo de la fe de las empresas, se realizan publicaciones con información inexacta sobre el sector, y dicen que el país está completamente entregado a las mineras cuando lo que hay es un boom para conocer el potencial minero del país, pero hace 30 años no se construye una mina nueva. Se habla de debilidad institucional pero para obtener un título se requieren 45 permisos. Este es un sector sumamente regulado”, dice Chaparro.
Pero expertos como Julio Fierro Morales, geólogo, profesor de la Universidad Nacional y consultor de la Contraloría General, la debilidad institucional en temas mineros es innegable.
“La mayoría de las instituciones públicas no cuentan con profesionales capacitados para realizar una veeduría seria a las empresas, así que el control que se realiza sobre sus impactos es bastante precario. El Minambiente ha encontrado deficiencias en la entrega de información por parte de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones, la Corte Constitucional ha identificado problemas de salud pública y de deterioro ambiental relacionadas con actividades mineras en el Cesar y en esa misma zona del país la Contraloría acaba de identificar 72 hallazgos disciplinarios de incumplimiento a planes de manejo ambiental por parte de carboneras. Con esta realidad es difícil determinar los impactos que estas actividades tendrán a futuro”.
Sobre la desconfianza de los ciudadanos a las compañías, los abogados de De Justicia, quienes han seguido de cerca las consultas de Piedras, Tauramena y Monterrey, creen que esta oposición masiva a los proyectos parte de una incertidumbre difícil de resolver.
“Inevitablemente las actividades extractivas traerán consecuencias que no se conocen sobre las dinámicas de estas poblaciones. La preocupación de los ciudadanos sobre lo que ocurrirá con la agricultura y con el agua que los abastece es legítima. No sabemos qué va a pasar en 50 o 100 años con estos territorios si son intervenidos, los ciudadanos no tienen la suficiente información que les permita hacerse una idea de lo que les espera. Pero esa información sobre posibles afectaciones no puede partir de las empresas, la gente necesita que organismos externos, sin intereses, les cuenten qué puede suceder”, dice Cesar Rodríguez.
Algunas propuestas
Para Juan Camilo Cárdenas, economista e investigador de la Universidad de los Andes, el país tendrá primero que resolver esa “ingenua y peligrosa separación” entre el suelo que le pertenece al municipio y subsuelo de la nación.
“El territorio es uno solo y para cualquier ciudadano es una preocupación lo que ocurra debajo de su casa”. Cárdenas propone que esa discusión sobre el futuro de cada municipio se haga a nivel local y contando con información “completa y honesta” (entregada por las empresas interesadas y por la academia) que permita decidir qué tantos recursos naturales se quiere sacrificar a cambio de dinero.
Cesar Rodríguez, de De Justicia, cree que la iniciativa del gobierno de exigir licencias ambientales para las etapas de exploración debe cobrar fuerza ya que esto le permitirá a los ciudadanos conocer y opinar a tiempo sobre los futuros proyectos.
Por parte de los empresarios, Santiago Ángel, de la Andi, presentó dos propuestas traídas de experiencias internacionales: la primera es seguir el modelo implementado por los noruegos en el que los mapas de bloques petroleros y títulos mineros se llevan al congreso para que los políticos que representan a todo el país lleguen a un acuerdo sobre qué zonas se quieren dedicar a cada actividad y qué otras quieren blindar.
La segunda es una creación de un centro de excelencia, similar al que Australia ha implementado, en el que expertos, académicos, empresarios, miembros de la sociedad civil se reúnen para generar unos documentos de política publica frente a las actividades de extracción minera y de hidrocarburos.
Lo que dejó ver este debate es que la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre sus territorios es un tema que aún el país no ha resuelto, pero que sí existen autoridades, empresarios, académicos y comunidades interesadas en encontrar una salida.
