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Un arancel judicial
que corresponde al 1,5 por ciento de las pretensiones y que deberá ser
cancelado por el demandante antes de iniciar el proceso judicial (no aplica
para personas que no declaran renta) acaba de ser aprobado por el Senado de la
República en cuarto debate y queda listo para sanción presidencial.
Con este proyecto del Ministerio de Justicia, la Rama
Judicial percibiría alrededor de 70 mil millones de pesos al año en procesos
civiles y ante el Contencioso Administrativo, cuando el demandante sea un
particular.
"El arancel judicial es una contribución parafiscal
destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Sin
embargo, por tratarse de un pago que no se exigía si no hasta que se finalizara
el proceso, estaba siendo evadido por las partes. Lo que hicimos fue
convertirlo en una medida que se tome desde el comienzo del proceso",
indicó la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien explicó además que
los recursos recaudados serán destinados a la descongestión de los despachos
judiciales, al fortalecimiento de los procesos orales y a la consecución de
infraestructura técnica y tecnológica de la Rama Judicial.
"Con esta nueva Ley se establecen medidas que incentivan
la conciliación de los litigios y que las partes puedan negociar y llegar
acuerdos antes de llegar a la demanda. De esta manera, la instancia ante la
Rama Judicial no podrá ser utilizada como mecanismo de presión para hacer valer
sus pretensiones económicas", indicó la Ministra. Y agregó que este es un
mecanismo clave para evitar las ya conocidas demandas temerarias.
Como en todo proceso judicial, al final del proceso el pago
del arancel será asumido por quien pierda la demanda, sin embargo, la ley, que
pasa a sanción presidencial, establece que asume este costo quien pierda la
demanda siempre y cuando declare renta. De lo contrario, el costo lo asume el
demandante.
