Por: RCN La Radio
El Consejo de Estado
condenó al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por la muerte de 38
soldados y las heridas que recibieron 9 militares más durante un ataque de la
guerrilla de las Farc a la Batería B del Batallón de Artillería de la Brigada
No. 13, que se encontraba en jurisdicción del municipio de Gutiérrez,
Cundinamarca, el 8 de julio de 1999.
Meses atrás, el comandante de la Batería B había recibido
información de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero y de inmediato
le solicitó al comandante del Batallón ayuda para afrontar la situación, porque
no contaba con los medios necesarios para defenderse.
La ayuda, no sólo de refuerzos sino también de armamento
adecuado para poder enfrentar las amenazas de los grupos irregulares que
operaban en el sector de Gutiérrez, fue solicitada en repetidas ocasiones tanto
en forma radial como escrita.
Sin embargo, el mayor encargado de atender los requerimientos
consideró que el oficial y la tropa que componían la Batería B tenían mucho
miedo y por ello los mandó a comprar las ametralladoras, proyectiles y todo lo
demás requerido al almacén Ley para que se defendieran.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio
Fajardo Gómez, encontró que los mandos superiores del Batallón de Artillería
No. 13 no solo omitieron, como era su obligación, prestar el apoyo material y
humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales encargados
de comandar la Batería B de dicho destacamento militar, sino que además los
abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el
enemigo.
"Tal conducta que no puede ser sino calificada de
irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron
los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que
elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque
guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de
honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina
castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto
desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su
mando", indica la sentencia.
La Sala explica que la conducta de los oficiales superiores
refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de
todos aquellos soldados, suboficiales y oficiales que con ejemplar disciplina
continuaron cumpliendo sus órdenes y con su deber, sin contar con los medios ni
el apoyo para ello.
"Resulta inconcebible que oficiales del Ejército,
formados y, por lo tanto, en capacidad de dirigir las tropas, defender la
soberanía nacional y proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las
libertades de todos los habitantes de Colombia, hayan faltado de manera tan
grosera a su más elemental objetivo de escuchar las peticiones y brindar apoyo
a sus subalternos, máxime cuando a éstos se les exige el cumplimiento
irrestricto de las órdenes que sus superiores emitan", puntualiza el
fallo.
El Ministerio de Defensa y el Ejército deberán indemnizar a
las familias de los soldados muertos y heridos. Además, se ordena que la
sentencia sea incluida dentro del pénsum académico de todos los cursos de
formación y de ascenso correspondientes a todos los grados de oficiales que se
programen en cada una de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía
Nacional durante los tres años siguientes a su notificación, con el propósito
de que se efectúe el análisis de los hechos contrarios a los principios y
postulados éticos que orientan la Constitución Política y la disciplina
castrense.