Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario solicitó a los magistrados de Tribunal de
Cundinamarca mantener la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
la defensa para practicar nuevamente las pruebas dentro del juicio oral que se
adelanta en contra de 21 militares implicados en las presuntas ejecuciones
extrajudiciales de cinco jóvenes que habrían sido llevados desde Soacha
(Cundinamarca) hasta Ocaña (Santander) para ser presentados como muertos en
combate.Para la fiscal del caso la decisión en primera instancia no afecta en
ningún sentido los derechos de los procesados.
En el mismo sentido explicó que los principios de
concentración y de inmediación, tal como lo expuso en su fallo inicial el juez
del caso, no tienen peso fuerte en proceso y debe ceder ante otros principios
de mayor peso que tienen las víctimas, los testigos y los mismos procesados y
que están contemplados en el derecho
internacional humanitario como son los de acceso pronto a la justicia y a la
celeridad.
Al tiempo recordó que lo que se busca es resolverle a los
procesados una situación de vida, pues estos se encuentran imputados desde hace
cuatro años encontrándose en situación de inestabilidad laboral y familiar tal
como la defensa lo ha hecho saber. Por ello no incurrir en más dilaciones
injustificadas permitiría un acceso pronto a la justicia.
En este caso la Fiscalía concluyó la presentación de pruebas
sobre la presunta responsabilidad de los militares implicados en lo que se
conoce como falsos positivos. Por su parte, los defensores ya habían iniciado
lo propio, sin embargo, ante el cambio del juez del caso, la bancada de la
defensa solicitó que se reiniciara toda la etapa probatoria, solicitud que fue
negada y motivo por el cual se interpuso el recurso de apelación.