D Notillano
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Un Fiscal Delegado ante la sala penal del Tribunal
Superior de Villavicencio avocó
conocimiento de la investigación contra el fiscal Juan Carlos Santiago Pérez,
por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de concusión al
exigir cuatro millones de pesos a un procesado para no imponer medida de
aseguramiento por tráfico de estupefacientes.
Según la denunciante, María Helena Martínez Morales, en
desarrollo de la audiencia de garantías realizada el 31 de diciembre de 2010,
en medio de un receso el abogado defensor pidió dinero para entregárselo al
fiscal o de lo contrario el imputado, Marco Tulio Daza Ávila, sería afectado
con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Meses después fue capturado el procesado para que cumpla una
condena de 50 meses, lo que causó extrañeza para la persona quien creyó haber
solucionado su problema con la justicia por haber pagado un dinero al fiscal.