El
proyecto de acuerdo había sido aprobado por el Concejo del municipio de Salento,
en defensa del patrimonio cultural y ecológico de esa región el pasado mes de
febrero, fue invalidado este martes por el alto tribunal.
La
concejal ponente del proyecto, Orfa Liliana Correa señaló que existe una
preocupación muy grande con esta decisión, luego que el gobernador del Quindío,
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, oficiara al Tribunal Administrativo del
Quindío, la iniciativa municipal y este a su vez determinó que no es válido. La
cabildante dijo que es muy posible que no se analizaran más proyectos en otras
regiones que si quedaron firmes.
“Dentro
del acuerdo municipal entraba la protección de la Palma de Cera, el Valle de
Cocora y el mismo municipio de Salento, además, por la importancia que
representa el agua para el departamento del Quindío y el beneficio que trae
desde esa zona para varias localidades”, señaló la concejal.
El
ambientalista representante de la Fundación Ecológica Cosmos, Néstor Ocampo
señaló que es muy posible que el gobierno nacional esté detrás de las
corporaciones municipales, para que de alguna manera se pueda permitir que las
multinacionales decidan sobre los territorios.
“Todo
esto hace parte de un debate político a nivel nacional, ya que en otras
regiones algunos tribunales han determinado que los municipios sí tienen las
facultades para tomar ese tipo de decisiones”, indicó Néstor Ocampo.
Por
su parte, el secretario Jurídico y de Contratación encargado del departamento
del Quindío, Víctor Alfonso Vélez Muñoz dijo que se encontró que las
disposiciones que se estaban adoptando en este acuerdo iban en contravía de la
Corte Constitucional, por lo cual se decidió enviar dicho acuerdo al Tribunal
Administrativo del Quindío, para que decidiera si el acto del concejo municipal
de Salento va en contra o no la Constitución y la ley.
“El
Tribunal Administrativo del Quindío revisó y encontró en los últimos
antecedentes, la sentencia que emitió la Corte Constitucional que es de
unificación del año 2018, en la cual se determinó que todo lo que tiene que ver
con restricción frente al aprovechamiento de recursos naturales no renovables,
no es una decisión que pueden tomar de manera unilateral los entes
territoriales”, precisó el jurídico de la gobernación.
Velez
Muñoz, aclaró que los recursos naturales no renovables son propiedad de la
Nación y precisó que frente a la restricción de la explotación de estos
recursos, es una competencia del orden nacional.
La
conceja Orfa Liliana Correa, expresó que no se quedará quieta y que buscará
otras herramientas jurídicas para seguir con el trabajo de proteger al
territorio quindiano de la megaminería. Correa señaló que hay mucha
preocupación, ya que existen 21 títulos mineros ya otorgados y 17 más en
solicitud.