La Procuraduría
Delegada para la Coordinación Electoral se pronunció ante el Ministerio de
Hacienda sobre la falta de recursos para financiar la consulta popular en
Granada Meta, donde el pasado 22 de octubre se iba a votar por el SÍ o por el
NO a la presencia de la industria petrolera en el Ariari.
El Ministerio Público
le pidió al Gobierno Nacional que argumente las razones por las que dejó sin
plata estos mecanismos democráticos y le exigió que haga efectivo los derechos
políticos de los ciudadanos de municipios como Granada, donde celebraron el
pronunciamiento y esperan que el Ministerio de Hacienda lo cumpla según dijo el
abogado externo del municipio Jaime Rodríguez Arias.
Ante el Tribunal
Administrativo del Meta se instauró una acción de tutela reclamando violación
al derecho a la igualdad entre otros por la no financiación de la consulta
popular.