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miércoles, 16 de agosto de 2017

ANTE UN JUEZ DE PUERTO LÓPEZ LEGALIZARÁN CAPTURAS DE SEIS EX FUNCIONARIOS INCLUIDO EL ALCALDE DE LA ÉPOCA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS.


PUERTO LÓPEZ: Ante un Juez con función de control de garantías serán presentados seis (6) ex funcionarios de la administración municipal, entre ellos el ex alcalde, Leonardo Cruz García, tras ser capturados por investigadores del CTI en diferentes lugares del territorio nacional.
Las aprehensiones las ordenó el Fiscal 19 Seccional de la Unidad anticorrupción, Everth Candela Orozco, en contra de la ex asesora jurídica del municipio, Yudi Milena Mogollón Bohórquez, el ex Jefe de la Unidad de Contratación, abogado, Fabián Andrés Garzón Plata.
El representante del Consorcio Red Vial 2013, Arquitecto, Diego Fernando Aldana Castro, el contratista interventor, Julián Daniel Molano Castillo, y la profesional Universitaria de la oficina de contratación, Leydi Viviana Rojas Rodríguez.
Las seis personas, son investigadas por la comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El ex alcalde, Leonardo Cruz, y los ex funcionarios se hallan vinculados en presuntos hechos de corrupción registrados en octubre de 2013, con la firma y ejecución del contrato de obra pública No. 103 – 08 – 08.
Tenía por objeto la construcción, pavimentación, mejoramiento, señalización y mantenimiento de la Red Urbana del municipio de Puerto López, por un valor de $4 mil 762 millones 168 mil 497 pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses.
Así mismo son investigados por el contrato No. 003 de noviembre de 2013 celebrado por $237 millones 831 mil 503 pesos, con el único fin de adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera, de la ejecución de las anteriores obras.
Según la investigación, no se tuvo en cuenta los principios esenciales de la contratación pública, planeación, economía y responsabilidad, además de la falsedad en documentos.
En referencia al peculado por apropiación, detectó la fiscalía un detrimento patrimonial que asciende a mil 200 millones 796 mil 283 pesos, además de un incumplimiento en el objeto del contrato de interventoría.

Las obras se ejecutaron de manera parcial en un 68 por ciento y de mala calidad, de acuerdo con la investigación.

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