La Procuraduría General
le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe los condicionamientos que
fueron establecidos en el Acto Legislativo de la Justicia Especial para la Paz
para poder intervenir dentro de los procesos que se desarrollen, en aras de
garantizar los derechos de las víctimas.
De acuerdo con el
viceprocurador, Juan Carlos Cortés, es necesario que la Corte Constitucional
ejerza los controles para que se blinden jurídicamente los acuerdos y la
implementación de la Justicia Especial para que haya reparación integral de las
víctimas.
“La restricción en la
intervención a favor de las víctimas, sometida a la voluntad de otra rama del
poder público, anula el control recíproco entre aquellos y por ende
desequilibra los contrapesos naturales diseñados en la Carta”, señaló el
funcionario.
Entre tanto el Fiscal
Néstor Humberto Martínez consideró que la Corte Constitucional tiene que
analizar los límites que deben existir entre la justicia ordinaria y la
justicia especial, para no quitar las facultades que tienen frente a delitos
relacionados con narcotráfico, enriquecimiento y testaferrato.
Según el Fiscal
“Colombia tiene derecho a hacer tránsito a una paz sosegada, una paz estable,
realmente duradera que se extienda en el tiempo y que no se reabra en las
próximas décadas a partir de una cosa juzgada Constitucional feble; los
colombianos tenemos derecho a una paz que le implique el silencio de los
fusiles y que implique igualmente que no haya impunidad y que haya seguridad
jurídica para todos”.
El fiscal Martínez
advirtió que deben analizarse las facultades de intervención frente a los
terceros que cometan ilícitos ya que no está estipulado en este Acto
Legislativo.
Para la Fiscalía, este
aspecto puede abrir puertas a la impunidad porque fue precisamente a través de
terceros que los grupos armados ilegales se valoren para apropiarse de
territorios y de ejercer acciones violentas contra la población.
Las intervenciones
realizadas por los organismos de control se dieron en el marco de la audiencia
y de control al acto legislativo para la paz que fue convocada por la Corte
Constitucional.