Durante la mañana de
este martes, el ente investigativo ha intentado imputarles cargos a siete
directivos de Reficar. No obstante, el juez ha tenido que suspender la
audiencia en reiteradas ocasiones por un único motivo: el traductor. La audiencia
ya se adelanta con un nuevo intérprete.
El ingeniero Pedro
Alfonso Rosales llegando a Paloquemao con su abogado, el expresidente de la
Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez.Cristian Garavito
En todo un embrollo se
convirtió la audiencia de imputación de cargos de siete de los supuestos
responsables por los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar). Con
una hora y cuatro minutos de retraso, el juez 16 de control de Garantías inició
esta mañana la audiencia con la tradicional presentación de todas la partes
intervinientes: Fiscalía, Procuraduría, representante de víctimas (Ecopetrol y
la refinería), investigados y, además, el traductor Pedro Claver, encargado de
traducir la audiencia a Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman, dos de los
procesados y quienes asisten a la audiencia por medio de videoconferencia desde
el consulado de Washington, en Estados Unidos.
Sin embargo Claver, desde
el principio, empezó a ser el centro de la atención. Paula Cadavid, defensora
de Massoud Deidehban, manifestó que le preocupaba la decisión del juez de hacer
un resumen de la imputación de cargos a su defendido a través del traductor,
así como de la imputación a Orlando José Cabrales, Reyes Reynoso Yánez, Philip
Kent Asherman, Arturo Laverde Concha, Pedro Alfonso Rosales y Carlos Alberto
Lloreda porque, en su criterio, consideraba que los estadounidenses tenían
derecho a conocer “palabra por palabra” lo que decía el fiscal Juan Andrés
Rondón.
Escuchados los
argumentos, el funcionario judicial le notificó a Cadavid que, atendiendo a su
petición, accedería a traducir lo descrito por la Fiscalía “palabra por
palabra”. Resuelto ese primer obstáculo, el fiscal Rondón inició la imputación
de una manera pausada, mientras el traductor, procesando la información, le
comunicaba a Deidehban y Asherman por qué ellos y los directivos de Reficar
estaban ante un fiscal que les narraba desde la Sala 219 del Complejo Judicial
de Paloquemao su supuesta responsabilidad por los sobrecostos de la refinería,
avaluados en más de $610 mil millones. Al ver que la audiencia se interrumpía
reiteradamente, el juez decidió suspenderla a las 10:08 a.m. y por un término
de 20 minutos, con el fin de que la Judicatura encontrara posibles soluciones
de una traducción más eficaz. La diligencia se reanudó 56 minutos después.
El asunto, sin embargo,
no mejoró. El juez 16 de Garantías decidió continuar con la imputación de
cargos, no sin antes notificarles a los asistentes y demás presentes que,
mientras se encontraba una solución, continuarían con la audiencia. Asimismo,
le pidió a la abogada Paula Cadavid – también presente en Washington – que si
encontraba errores en la traducción de la información de la Fiscalía, la
comunicara inmediatamente. De esta forma, el fiscal continuó con la imputación
de cargos seguida de la traducción de Pedro Claver. Por un estrecho de media
hora, la Fiscalía narró el “contexto general de los hechos que rodean la
investigación donde se enmarcan cada una de las personas (señaladas por estos
hechos)”.
Nuevamente, la
audiencia se vio interrumpida por Cadavid quién, esta vez, explicó que Massoud
Deidehban y Philip Kent Asherman tenían cierta preocupación porque no lograban
entender varios de los hechos narrados por la Fiscalía, debido a la traducción
de Claver. Frente a la audiencia, la abogada le corrigió algunas palabras al
traductor que consideraba mal pronunciadas, tesis que fue apoyada por Juan
Carlos Frías, defensor del norteamericano Asherman. Esto motivó a que el juez
le preguntara al Claver: "¿Está facultado para traducir lo que dice la
Fiscalía?" Claver, por su parte, contestó: "Sí, su señoría".
Entonces Henry
Francisco Bustos, delegado de la Procuraduría, preguntó por medio del juez si
Deidehban y Asherman comprendían lo que el traductor les indicaba. Ambos, por
su parte, contestaron que no del todo. El abogado Juan Carlos Frías manifestó
despectivamente: “El traductor no conoce los términos, tiene un inglés muy
bueno para trabajar en un almacén de mercado pero no tiene conocimientos de
abogado para dar una traducción exacta, (lo) que está dificultando la
traducción de los hechos”. Esta
situación provocó a que el juez suspendiera, sobre las 12:42 p.m., la audiencia
para que se encontrara alguna nueva fórmula, entre ellas, un nuevo traductor,
“sin descalificar al traductor (Pedro Claver)”.
Sobre las 2:00 p.m.,
una de las funcionarias del Paloquemao le notificó a la abogada Paula Cadavid
que un nuevo traductor llegaría en una hora. Carlos Leonardo Lozada, graduado
de la facultad de Ciencias Humanadas de las Universidad Nacional, fue
presentado por el juez sobre las 2:45 p.m. para hacer un nuevo intento por imputarles
los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por
apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos a los supuestos
responsables que, para la Fiscalía, tienen que ver con uno de los desfalcos más
grandes que ha sufrido el país en los últimos años.