VILLAVICENCIO: Los
patrulleros de la Policía metropolitana, Joseph Genes Santos y Deivis Camargo
Linares, adscritos a los cuadrantes Esperanza y Fundadores, serán denunciados
penalmente ante la Fiscalía por falso informe y abuso de autoridad, por el
secretario del Juzgado Segundo Civil de Circuito, Carlos Javier Chaux Fajardo.
El funcionario fue
privado de la libertad la tarde del jueves 20 de julio sobre la vía principal
de ingreso al barrio la Alborada, frente a la empresa “Semillano”, y al día
siguiente, un Juez de garantías ordenó su libertad tras decretar ilegal la
captura.
El Juez Primero Penal
Municipal con función de control de garantías, reprendió al Fiscal 45 local de
la URI, John Alejandro Escobar Mora, por llevar a audiencia a una persona con
un informe policial lleno de imprecisiones y contradicciones, y sin haber
cometido ningún tipo de delito.
Chaux Fajardo, fue
requerido por los policías, luego de frenar su automóvil en el que se
movilizaba, para saludar a conocidos que precisamente pasaban en ese instante
cerca de su vehículo, según narró el abogado defensor en la audiencia.
Los Patrulleros tenían
varias motos inmovilizadas en razón a un puesto de control en el lugar, pero
sin demarcación, ni señales de tránsito como conos, cintas Reflectivas y otros
elementos que exige la norma.
Cuenta el profesional
del Derecho, que uno de los uniformados exigió los documentos manifestándole
que era un sospechoso.
Carlos Javier, dijo que
la actitud del policía lo ofendió por la insinuación de criminal y entonces
respondió diciendo que a él los “Tombos” le caían mal.
En esa incompatibilidad
de caracteres, entre las partes, el conductor quien se niega a bajarse del
carro para una requisa, aceleró el carro y metros adelantes atropelló a otro
uniformado y es ahí cuando llegan al menos 15 miembros de la fuerza pública
más, y lo amenazan con romperle los vidrios si no se baja del carro.
Según el Juez de
garantías, en el informe indica que fue arrollado y luego expresa que fue
atropellado y que quedó sobre el capo del carro, y además calificaron el hecho
como violencia
contra servidor
público.
Ante la incoherencia en
el escrito policivo, fue decretado ilegal el procedimiento y en razón a que no
existió ninguna conducta punible.