El Consejo de Estado
advirtió en un fallo que los jóvenes que prestan su servicio militar
obligatorio y que han sido objeto de lesiones causadas durante su actividad son
responsabilidad directa de la Nación y por lo tanto deben ser indemnizados.
El pronunciamiento lo
hizo el alto tribunal al diferenciar entre los miembros del Ejército que están
voluntariamente a quienes están prestando un servicio a la Nación por cuenta de
la obligatoriedad militar que está estipulada en la Constitución.
Según el fallo de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Danilo
Rojas, no se puede eximir la responsabilidad del Estado, en este caso del
Ejército Nacional, a pagar los daños causados a quienes están dentro del servicio
militar obligatorio porque su integridad física es responsabilidad de la
Nación.
“Lo anterior implica
que las personas que prestan servicio militar obligatorio sólo están obligadas
a soportar las cargas que son inherentes a éste, tales como la restricción a
los derechos fundamentales de libertad y locomoción, pero no los riesgos
anormales o excepcionales. En contraste, quienes prestan el servicio en forma
voluntaria asumen todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados
con el desempeño de las actividades de la milicia”, señala el fallo.
El caso conocido por
RCN Radio y estudiado por el Consejo de Estado se relaciona con el de dos
jóvenes que prestando el servicio militar obligatorio cumplían labores de
patrullaje y fueron emboscados por miembros del ELN quienes les provocaron
lesiones en su cuerpo y los dejaron con incapacidad laboral.
Ante la situación el
Ejército advirtió que este hecho se dio con ocasión del Ejercicio Militar al
que están sujetos quienes hacen parte de la institución y por ello no tenían
responsabilidad de indemnizar más allá de brindarles los cuidados médicos que
necesitan.
No obstante, para el
Consejo de Estado sí existe la responsabilidad porque es el Ejército Nacional
el que tiene “su obligación de reincorporar a la vida civil en las mismas
condiciones en que se dio su ingreso a la institución en aras de prestar su
servicio militar obligatorio”.
En el caso concreto el
Consejo de Estado ordenó el pago de más de 375 millones de pesos a favor de los
dos jóvenes y sus familias afectados por estos hechos.