Villavicencio. El magistrado, Fernando Adolfo Pareja
Reinemer, de la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, resolverá si concede la petición de la Fiscalía, avalada por la
Procuraduría, de enviar a la cárcel a tres magistrados del Tribunal de
Villavicencio.
La audiencia en la que
se dará a conocer el veredicto que antecede la etapa acusatoria, está
programada para el viernes 4 de agosto a las 3:00 de la tarde en el Auditorio
general del Tribunal en la capital del país.
La situación es
bastante compleja en razón a la posible existencia de muchos hechos y el número
de delitos que relacionó la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte, en contra
de los procesados, Joel Darío Trejos Londoño, Fausto Rubén Díaz Rodríguez y
Alcibíades Vargas Bautista.
Los sujetos procesales
esperan un pronunciamiento integral, conforme a la sana crítica, motivado y con
apego al Código de Procedimiento Penal, luego de la valoración y estudio de
todos los elementos materiales presentados tanto por la Fiscalía como por los
investigados en el contradictorio.
Los altos funcionarios
de la Justicia en la capital del Meta, tuvieron todo el tiempo necesario, en
garantía a sus intervenciones contradictorias frente a los elementos que
presentó el ente judicial para sustentar la petición de medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario.
En defensa sumarial, lo
hicieron por la misma consecuencia que se genere en caso de llegar hacer
responsables de los delitos endilgados por concierto para delinquir, prevaricato
por acción en concurso homogéneo, prevaricato por omisión y cohecho propio, al
recibir supuestamente dineros para beneficiar a peligrosos criminales y
narcotraficantes.
Hasta el momento la
Fiscalía descubrió lo que le pareció trascendental para sustentar la petición
de la medida, y se presume que tendrá muchas más pruebas para revelar en el
momento en que corresponda la audiencia de llamamiento a Juicio.
Por su parte la Delegada
del Ministerio Público avaló la petición de enviarlos a la cárcel al considerar
que es necesaria, por la gravedad de los delitos imputados y que a futuro
representarían un peligro para la comunidad, e incluso para la misma
investigación.