El Juzgado 77 Penal de
Bogotá, con función de garantías, determinó cobijar con medida de aseguramiento
a 10 personas entre servidores públicos y particulares, señalados como
presuntos autores y coautores de los delitos de concierto para delinquir y
cohecho.
Algunos de los
procesados también deberán responder por delitos como prevaricato por acción,
falsedad en documento público y fraude procesal, según su actuar.
Los procesados,
enviados a prisión, son: el Juez de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria;
Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos
Galarza, Carlos Hugo Alfonso, Aída Salgado León.
Por otra parte, con
medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados: Néstor Gordillo,
investigador del CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano
de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta). En
libertad fue dejado el médico Omar de la Hoz.
Para la Fiscalía
General se trata de una presunta red criminal al servicio de la delincuencia
organizada, la cual ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para
brindarles libertad provisional o definitiva, así como detenciones
domiciliarias a los delincuentes, con
precios que oscilaban entre 2 y 40 millones de pesos.
Según manifestó la
fiscal delegada en este caso, en audiencia pública desarrollada durante más de
25 días en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, los procesados en un
acto de corrupción supuestamente tramitaron beneficios ante Justicia y Paz a
favor de José Everto López Montero, alias Caracho, como si fuera beneficiario
de dicha ley.
De acuerdo con la
imputación de cargos, López Montero había sido condenado en el año 2016 a una
pena de 26 años de prisión como responsable de los delitos de tortura y
desaparición forzada, como cabecilla de la organización criminal denominada
Erpac, la cual operaba en los llanos orientales en inmediaciones de la frontera
colombo-venezolana.
“Se usó la reunión y el
papel de la OEA para que Garzón sirviera a la criminalidad y acercar a Caracho
a la JEP”, dijo la fiscal encargada del caso.
Agregó que “en otros
casos, tramitaban valoraciones médicas falsas en las que aparecen los
funcionarios del Instituto Colombiano de Medicinal Legal, quienes elaborarían
certificaciones por problemas psiquiátricos y perfiles suicidas con el fin de
obtener sentencias de reclusiones en los centros hospitalarios”.
“Es el caso de Pedro
Nel Ardila, condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual y a
quien el médico Omar de la Hoz le diagnosticó un cuadro depresivo y riesgo de
suicidio”, señaló la representante del ente acusador.