La Procuraduría General
de la Nación abrió indagación preliminar por las presuntas irregularidades
registradas en los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) para la alimentación en todas las cárceles del país.
De acuerdo con el
documento de la Procuraduría, el proceso disciplinario buscará determinar las
presuntas responsabilidades de los funcionarios en el contrato con vigencia
2017-2018 en el que debe garantizarse la prestación de este servicio esencial a
las personas privadas de la libertad.
Para la Procuraduría es
necesario conocer si el proceso contractual se cumplió dentro de los parámetros
establecidos en las normas para desarrollar este tipo de convocatorias.
De igual forma conocer
“las actas y directrices del Consejo Directivo de la Uspec, donde se hubieren
abordado la política, las directrices, el presupuesto y el seguimiento al
proceso contractual relacionado con la alimentación para la población privada
de la libertad para la vigencia 2017-2018, adelantado por la Uspec”, señala el
documento.
Según la Procuraduría
la Uspec tendrá 30 días de plazo para enviar la documentación requerida y el
material que corresponda para conocer las actuaciones que se dieron en este
caso.