El gremio de madres
comunitarias asegura que tras el fallo de la Corte Constitucional que obligó al
ICBF a pagarle la pensión a 106 de ellas, la entidad ha intensificado los
requisitos para que ellas puedan trabajar, exigiendo herramientas o
infraestructura que deben pagar de su bolsillo y amenazando con su despido si
vuelven a citar un paro nacional.
“Bienestar Familiar ha
arremetido contra las madres comunitarias pues van a las casas y nos dicen que
el mesón de la cocina tiene que ser en acero inoxidable y nos dan 3 días para
instalarlo y uno ¿de dónde saca dinero para mandarlo a hacer?” contó Olinda
García, vocera del gremio de madres comunitarias.
Así mismo, García
aseguró que se ha convertido en un “trámite tedioso” cuando deben reportar sus
novedades de pago porque “es todo un papeleo, hasta 11 hojas piden” para poder
recibir los honorarios que además deben ser entregados personalmente y con
copia en un CD.