Tres magistrados de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio fueron llamados a
imputación de cargos el 10 de julio en
Bogotá, informó la Vice-fiscal General de la Nación, María Paulina Riveros
Dueñas.
Se trata de los
magistrados, Alcibíades Vargas Bautista, el presidente de la Sala Penal, Joel
Darío Trejos Londoño y el ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz
Rodríguez.
La Fiscalía pedirá
también, imposición de medida de aseguramiento por supuestas responsabilidades
frente a la comisión de delitos de concierto para delinquir, falsedad material
e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por
acción en concurso homogéneo.
La Vice-fiscal, dijo
que, desde 2013 el Tribunal otorgaba indebidamente subrogados penales a favor
de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena,
sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y
suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.
Los beneficiarios con
las decisiones, particularmente eran personas procesadas por delitos de
homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según
lo tiene acreditado la Fiscalía.
En consecuencia, de lo
anterior, las diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento se
cumplirán ante magistrados de garantías de la sala penal del Tribunal superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Entretanto, circuló por
WhatsApp, un escrito manifestando que no es cierto que los magistrados,
Alcibíades Vargas y Joel Trejos, pertenezcan a una red delincuencial que otorga
libertades y domiciliarias a narcos y homicidas.
Señala que, la actitud
de la Vice-fiscal constituye amedrentamiento con el ánimo de infundir miedo en
quienes como magistrados de garantías tendrán que tomar las decisiones el
próximo 10 de julio.
Consideran una grave
afrenta a la autonomía e independencia de los jueces y señala el texto que
esperan hallar elementos de valor para poder aclarar la ajenidad en el cohecho,
y persuadir al magistrado del tribunal en Bogotá para que no imponga la medida
solicitada por la Fiscalía.
Por último, reconocen
que desafortunadamente existen intermediarios que piden dinero a nombre de los funcionarios
judiciales y reitera el escrito, que ellos jamás han actuado movidos por el
dinero.